El Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), autorizó este sábado al Ejecutivo a que ponga a prueba “reformas al impuesto sobre bienes inmuebles” en ciertas regiones del país.
Según recoge la agencia Xinhua, la decisión tiene como objetivo “avanzar en la legislación y reforma” del impuesto inmobiliario en China de una “manera activa y prudente”.
Asimismo, la directiva busca también “orientar el consumo racional de viviendas” y “el uso económico e intensivo de los recursos de la tierra”, así como “facilitar el desarrollo estable y sólido del mercado inmobiliario del país”.
La decisión se produce en plena crisis del gigante Evergrande, paradigma de la política aperturista del país asiático desde la década de 1970, y que arrastra un pasivo total de más de US$300,000 millones, de los cuales US$37,000 se corresponden a préstamos por devolver antes del final del primer semestre de 2022.
El sector inmobiliario chino comenzó a sobrecalentarse a finales de 1990, cuando los reguladores de entonces abrieron la mano a promotoras ávidas por aprovechar el ‘boom’ del ladrillo chino.
Las restricciones a la salida de capitales y la volatilidad de los mercados bursátiles locales han hecho que las propiedades sean uno de los vehículos de inversión preferidos en China, en parte debido a que todavía no existe un impuesto sobre bienes inmuebles a nivel nacional: según Moody’s Analytics, las viviendas representan casi el 60% del patrimonio de los hogares chinos y más de un 75% de sus deudas.
Al margen, las autoridades han tratado en los últimos años de regular el sector para controlar su expansión desmedida, obligando a las empresas a reducir pasivos y a ofrecer descuentos cada vez mayores para mantener la liquidez.
Entre las afectadas está Evergrande, cuyas acciones subieron el viernes un 4.3% en la Bolsa de Hong Kong ante las informaciones que apuntan a que la compañía habría abonado los intereses de un bono ‘offshore’ justo un día antes de incurrir oficialmente en impago.
Algunos expertos estiman que el peso directo e indirecto del sector inmobiliario y del de la construcción alcanza entre un 20 y un 30% del PIB nacional.
También se cree que entre el 13% y el 22% de las viviendas urbanas del país están vacías, especialmente en las ciudades más pequeñas, en algunas de las cuales las autoridades ya han comenzado a establecer límites a cuánto pueden bajar de precio los pisos para “mantener la estabilidad” del mercado.
