[dropcap]E[/dropcap]l Gobierno dominicano mantiene partidas millonarias para entidades estatales que hace varios años perdieron su razón de ser, pero inexplicablemente continúan existiendo en el aparato estatal.
Un análisis detallado de las partidas presupuestarias a entidades autónomas y descentralizadas del Estado permite identificar al menos 25 instituciones que el próximo año absorberán más de RD$5,500 millones asignados por el Estado.
Algunas de esas instituciones generan recursos propios, pero sus niveles de gastos son tan elevados que requieren de la asignación de recursos adicionales por parte del Estado.
Otras pecan de duplicidad o su operatividad es inefectiva por atrasos en trámites burocráticos para su dirección.
Por ejemplo, la Corporación de Empresas Estatales (Corde) que agrupaba a las desaparecidas unidades productivas del Estado, dejó de desempeñar sus funciones a partir del proceso de capitalización de la Ley 141-97.
Incluso, posteriormente se creó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) encargado de representar al Estado en las pocas entidades públicas donde aún es socio accionista. Sin embargo, Corde aún existe y tiene un presupuesto asignado de RD$32.5 millones.
Lo mismo ocurre con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que en el pasado llegó a administrar 12 ingenios azucareros del Estado. Hoy solo le queda el central Porvenir, pero en lugar de ser regenteado por el Fonper, sigue en el control del CEA, una especie de “elefante blanco” que ocupa un gran edificio en el Centro de los Héroes y recibe un presupuesto anual de RD$126.2 millones.
El Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) sobre el que no se conocen aportes a la estabilidad de costos y disponibilidad de alimentos, pues los pocos mercados que opera lucen desabastecidos, tiene para el 2016 una asignación de RD$882.8 millones.
Paradógicamente, la partida asignada al Inespre supera los presupuestos de instituciones como los ministerios de la Mujer, de Administración Pública y de la Juventud, así como el de la Cámara de Cuentas y del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Otra institución del sector agropecuario que ya no se torna necesaria para la producción nacional es el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que al igual que el Inespre, organismos internacionales han recomendado su disolución, pero siguen en existencia. El IAD tiene un presupuesto de RD$978.5 millones, a pesar de que debería operar como una oficina en el Ministerio de Agricultura.
Duplicidad de funciones
En el año 2001 el Gobierno creó el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) para diseñar políticas y hacer recomendaciones de reformas que contribuyan a mejorar la competitividad. Esa entidad cumplió su rol, llenó su ciclo, pero sigue en existencia con un presupuesto de RD$98.4 millones, a pesar de que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene un Viceministerio de “Competitividad” que desarrolla las mismas funciones.
También está el Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales (IDIAF) con una partida de RD$212.8 millones. Pero el Estado también tiene un Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales (Coniaf) al que le asigna RD$55.9 millones.
El Ministerio de Hacienda tiene una dependencia autónoma y descentralizada denominada Administración General de Bienes Nacionales, la que cada año recibe una partida de RD$562.4 millones, pero sus funciones se limitan a recibir los pocos reportes que las instituciones del Estado envían sobre los bienes muebles que desechan y algunas de las propiedades inmobiliarias que le quedan al Estado.
La duplicidad de funciones también se pone de manifiesto con el Ministerio de Interior y Policía y la Liga Municipal Dominicana (LMD). La primera asigna las partidas presupuestarias de los gobiernos municipales y las gobernaciones. La segunda, luego de algunas reformas, funge de “asesora” de las alcaldías pequeñas para lo cual recibe una partida anual de RD$849.3 millones.
Para el próximo año, de reciente creación, está el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (Condex), con una partida de RD$27.6 millones, aun cuando existe el Ministerio de Relaciones Exteriores con sus respectivas embajadas y consulados para asistir a esas comunidades.
El Gobierno creó recientemente el Ministerio de Energía y Minas, pero no disolvió la Comisión Nacional de Energía (CNE), que pasó a ser su dependencia y recibe una partida de RD$155.1 millones.
Superintendencias y ministerios
Las superintendencias son entidades del Estado para regular la operatividad de determinados sectores económicos. Su operatividad se supone que no ha de costarle dinero al Estado, porque se sustentan de los aportes en tasas o cuotas que deben hacer las propias unidades productivas que regulan.
Es el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Bancos, que no tiene partida presupuestaria del Estado porque se sustenta de los aportes de las entidades financieras. Pero no ocurre lo mismo con superintendencias como la de Electricidad, de Valores y de Seguros, que, a pesar de administrar recursos propios, tienen partidas adicionales del Estado por montos que en conjunto superan los RD$659 millones para 2016.
En muchos países de la región existe una sola superintendencia de Bancos y Seguros. Aquí son dos, una para cada sector.
Lo mismo sucede con los ministerios. La norma es un Ministerio de Economía y Hacienda, pero en República Dominicana son dos, uno de Hacienda y otro de Economía.
Para seguir la misma tendencia, en esta gestión el Ministerio de Industria y Comercio parió otro ministerio, el de Energía y Minas.
