En una aparente jugada política, un grupo de senadores de la República está plateando la presentación de un proyecto con características de una reforma fiscal.
En efecto, y según lo que se desprende del documento que firmaron y presentaron un total de 24 senadores, la idea de estos es “reducir a lo más mínimo” el gasto tributario, que no es más que la cantidad de recursos que el gobierno central deja de percibir, debido a diferentes exenciones y exoneraciones que reciben distintos sectores productivos y empresas, así como entidades de los más variados ámbitos de la vida nacional.
Con esta acción, estimaron estos congresistas, las autoridades gubernamentales estarían recolectando alrededor de 217,000 millones de pesos, lo que representa un 4,4% del producto bruto, porcentaje que estaría cercano a las aspiraciones que inicialmente se tienen desde el litoral del ministerio de hacienda.
Según el resumen presentado por los representantes de la Cámara Alta, con este proyecto de ley se pretende evitar la introducción de una reforma fiscal por parte del ejecutivo, para lo cual será necesario “eliminar exoneraciones de vehículos” para todo el mundo incluyendo, además de los propios senadores y diputados, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, Ministerio Público y representantes del Servicio Exterior.
En ese mismo sentido, están planteando la derogación de exoneraciones de impuestos a la importación de vehículos en beneficio de funcionarios públicos, así como que ninguna institución del Estado pueda adquirir vehículos por un monto superior a los 30 mil dólares.
Es interesante y sorprendente la creatividad de estos senadores, pues también proponen la reducción de los sueldos de los funcionarios del gobierno, de modo que nadie gane más que el presidente de la República; además de que buscan disminuir el gasto en publicidad que realiza el gobierno, al igual que derogar determinadas leyes –la mayoría presentadas por ellos mismos- que no permiten que se recauden cierto tipo de impuestos.
En total, serían unas 39 leyes las que se modificarían con la aprobación de este proyecto, y con estas desaparecerían exenciones, deducciones, créditos y pagos diferidos contemplados en las mismas. De paso, el famoso “barrilito” también pasaría a mejor vida.
Sin embargo, y lejos de valorar el ejercicio técnico-económico de estos legisladores, parecería que estos congresistas actuaron por impulso al plantear este proyecto pues, según la Constitución de la República, el rol de estos “honorables senadores”, es el de aprobar las leyes y, al mismo tiempo, fiscalizar el cumplimiento de las mismas. O no será que decidieron darse un auto golpe de estado?
