Los escándalos que sacuden el sistema judicial del país son la muestra más palpable de una crisis institucional que avanza con incalculables riesgos para la inversión, el empleo, la estabilidad social a largo plazo y la gobernabilidad.
La advertencia fue hecha por el Consejo de Pasados Presidentes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) durante una sesión de análisis de coyuntura dirigida por el presidente de la organización privada, Antonio Taveras Guzmán.
Preocupados por la imagen de deterioro que se observa en la justicia, con el involucramiento de jueces en actuaciones turbias, los dirigentes de la mediana industria de Santo Domingo hicieron un llamado a las fuerzas sociales y al empresariado progresista a unir fuerzas para expulsar “la politiquería perversa” del Poder Judicial.
La entidad manifestó que la corrección de la imagen de la justicia, que desde su óptica se encuentra en caída libre, no se resuelve solamente convocando al Consejo Nacional de la Magsitratura, sino “impulsando una reforma de gran calado que salga del mismo seno de la sociedad, sin el ajedrez de la política indelicada manejando los hilos”.
“La crisis del sistema de justicia tiene efectos dramáticos en la sociedad, porque sin justicia no hay desarrollo, control del auge de la delincuencia ni ataque a la la corrupción administrativa que drena los recursos públicos provenientes del trabajo de los dominicanos y las dominicanas”, sostuvo la AEIH en una declaración de prensa.
El gremio empresarial manifestó que los principales problemas del país no tendrán solución sin una justicia eficiente, por lo cual la piedra angular de cualquier transformación en la República Dominicana, con vista en alcanzar metas de desarrollo, pasa por una reforma profunda del Poder Judicial.
La AEIH consideró que –en el contexto de los escándalos recién puestos en escena- cabe resaltar que se trata apenas de la punta de un iceberg, por lo que resulta imperativo “ir más allá del circo de acusaciones, contraacusaciones, zancadillas y trampas”, para lanzar una segunda ola de reforma del sistema judicial con la participación activa de la sociedad.
Advirtió que el anhelo de que en el país funcione un sistema de consecuencias contra la impunidad queda roto frente a “una justicia que se debate en el lago cenagoso de la corrupción, el tráfico de influencia y la operativa de un mercado persa, en el que hay precios para todo.
