Los adelantos tecnológicos que ha traído la sociedad moderna, así como la disponibilidad de información en tiempo real que viene con estos, han develado una problemática que la mayoría de la gente, en especial los políticos, habían ignorado, y es la complejidad de gestionar, eficazmente, entidades de carácter público.
Hasta hace poco, se creía que bastaba con una persona ser político, y que ganara su partido, para ir a una función pública y, desde allí, gestionar a su antojo la institución puesta a su disposición. Pero ocurre que casi todo ha cambiado, incluyendo la discrecionalidad de las decisiones, la posibilidad de disponer de los recursos públicos de manera antojadiza, o de crear entramados societarios que no se puedan develar.
Aún más, las propias instituciones de naturaleza pública están puestas a prueba cada día, pues los recursos con que cuentan son cada vez más escasos, en contraposición a la demanda de bienes y servicios a la que se enfrentan, que es cada vez más alta y realizada por un ciudadano más informado y mejor empoderado.
En estos tiempos, se le pide a las entidades estatales la consecución de resultados, transparencia y rendición de cuentas. En efecto, autores como Álvarez, A. y Chica, S. (2008), plantean que “La globalización, la profundización de la democracia, la reedición de lo público, la transformación de los Estados nacionales, la nueva corporeidad del Estado y la constante incertidumbre, son nuevos fenómenos a los que hoy se enfrentan la organizaciones públicas, las cuales se encuentran bajo un tipo racionalidad político-administrativa, que debe estar orientada al éxito, que le dan una gran relevancia a los principios de competitividad y de eficiencia”.
Lo anterior viene a cuento a partir de las últimas decisiones tomadas por Luis Abinader, presidente de la República, en torno a la destitución de funcionarios que, a la luz de diferentes informaciones ofrecidas por organismos de supervisión de los procesos de compras y contrataciones en el país, así como de Ética e Integridad Gubernamental, habían cometido algún tipo de falta en el ejercicio de sus funciones.
El caso más reciente es el del Inabie, cuyo director fue removido esta misma semana de su cargo, al comprobarse que, según algunas fuentes, éste había “adjudicado contratos a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos”.
Inabie es, sin quizás, unas de las instituciones públicas más complejas de gestionar en República Dominicana. Los grupos de interés alrededor de esta entidad son poderosos y con amplia incidencia en diferentes estamentos del Estado, aun desde el sector privado.
Por demás, esta entidad es la encargada de administrar los programas de alimentación escolar, a partir de los cuales reciben alimentación millones de niños y niñas del sector educativo dominicano, por lo que su proceder debe estar ajustado a una gestión dinámica y eficiente.
Es decir, que no cualquiera puede ejercer esa función, además de que tenemos un mandatario que está siempre vigilante y que actúa, contrario al anterior, solo con el rumor público y las evidencias. El mundo cambió, y la forma de gestionar las instituciones del Estado, también. Que lo sepan los políticos.
