El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, presentó este lunes una iniciativa de presupuesto para el año fiscal 2023, que comienza el próximo octubre, de US$5.79 billones frente a los US$5.85 billones de 2022, con un nuevo impuesto para los ricos y más gasto en defensa.
En un comunicado, Biden señaló que su Administración “está en camino de reducir el déficit federal en más de US$1.3 billones este año”, en lo que supone “la mayor reducción del déficit anual en la historia de EE.UU.”.
“Esto es resultado directo de la estrategia de mi Administración para lograr que la pandemia esté bajo control y hacer crecer la economía de abajo a arriba y de la mitad hacia afuera”, señaló el mandatario.
Esto será posible, en parte, aumentando el impuesto a las corporaciones del 21% al 28%, algo a lo que se opone el ala moderada de los demócratas en el Congreso.
El Ejecutivo también propone un nuevo impuesto mínimo del 20% para los más ricos del país, las fortunas superiores a US$100 millones.
Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, el Ejecutivo de Biden ha elaborado un presupuesto que contempla US$31,000 millones para nuevo gasto en defensa, con lo que incrementa la partida de defensa nacional hasta los US$813,000 millones.
Dentro de este apartado, se destinan casi US$7,000 millones para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el refuerzo de su flanco este, ante la guerra en Ucrania.
Asimismo, la propuesta presupuestaria contiene US$9,900 millones para reforzar la capacidad de los sistemas de salud en el país “para mejorar los programas de inmunización” frente al covid-19 y US$81,700 millones a lo largo de los próximos cinco años en seguridad sanitaria frente a pandemias futuras.
Se espera que la propuesta del Ejecutivo sea enviada el martes al Congreso, que luego debe aprobarla. Normalmente se suele presentar en mayo pero este año se ha adelantado para que no coincida con las elecciones legislativas de noviembre.
En las finanzas públicas estadounidenses, el gasto discrecional es el gasto del Gobierno implementado a través de un proyecto de ley de asignaciones que se tiene que aprobar en el Legislativo.
