“El Gobierno tiene la responsabilidad de imponer los estándares de ciberseguridad para el sector privado y la ciudadanía”, asegura Peter Bäckman, CEO de TEDCAP, al agregar que “no podemos seguir con la cabeza metida en la arena sobre las realidades tecnológicas actuales y sus riesgos”.
El experto hace eco de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el alto nivel de alerta de ciberseguridad que deben estar los Estados debido al impacto del conflicto en Ucrania. La lista de posibles víctimas cibernéticas críticas incluye bancos, compañías eléctricas, fabricantes de alimentos, fabricantes de medicamentos, proveedores de combustible y contratistas de defensa, todos los cuales han sido víctimas en los últimos años de piratas informáticos.
Israel, los países que conforman la Unión Europea y otros se han declarado en estado de emergencia cibernética debido al elevado nivel de riesgo de ataques en el contexto actual.
“Nuestro ciberespacio está siendo explotado con fines económicos, políticos e ideológicos por actores nacionales e internacionales con impunidad” advirtió el experto sueco-dominicano. Las amenazas híbridas combinan campañas de desinformación con ataques cibernéticos a la infraestructura, los procesos económicos y las instituciones democráticas, con el potencial de causar daños físicos, obtener acceso ilegal a datos personales de los ciudadanos, robar secretos industriales o de estado, sembrar desconfianza y debilitar la cohesión social. Estas actividades socavan la seguridad y los beneficios que aporta el ciberespacio para el desarrollo económico, social y político de República Dominicana”, precisa.
Bäckman indica que en el contexto actual del conflicto en Europa, sumado a los recientes ataques cibernéticos donde se vieron afectadas infraestructuras críticas de la Contraloría General de la República, así como otra decena de instituciones, incluyendo los Comedores Económicos y la Dirección Nacional de Control de Drogas, el país debe declararse en estado de emergencia cibernética.
“Coordinar a todas las instituciones del Estado con una Estrategia Nacional de Ciberseguridad comprehensiva es esencial para que las personas confíen, usen y se beneficien de la innovación, la conectividad y la automatización, y para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, y la libertad de expresión e información”.
Aunque Bäckman aplaudió la aprobación de la Ley de Ciberseguridad en el Congreso, afirma que todavía queda mucho por hacer para fortalecer la infraestructura legislativa y elevar la conciencia ciudadana sobre la ciberseguridad. El experto en manejo de estrategias de seguridad afirmó que un importante paso para reducir el impacto del cibercrimen es la regulación financiera de las criptomonedas para limitar la capacidad de actores nocivos de capitalizar el crimen cibernético y quedar impunes.
“La ciberseguridad es indispensable para la conectividad de la red que debe sustentar la transformación de la economía y la sociedad en esta época. Un internet seguro, global y abierto contribuye a mejores y más empleos, lugares de trabajo más flexibles y un contexto de inversión nacional y extranjera con garantías de seguridad” afirmó. “La ciberseguridad es un tema de seguridad nacional y soberanía”, destaca.
