Desde que el comercio comenzó a florecer en la época feudal quien compra tiene la potestad de presentar sus requerimientos de cantidad, calidad, plazos de entrega, características del producto, compatibilidad y condiciones de transporte, entre otros. En el caso de las instituciones estatales compradoras de bienes y servicios, superado ciertos montos, las compras se hacen para sí mismas o para beneficio de terceros por la vía de diferentes tipos de licitaciones.
El éxito en ellas está en función del cumplimiento cabal del llamado pliego de condiciones específicas.
Este incluye desde las instrucciones a los oferentes hasta la recepción del producto y los formularios conexos. Es una combinación estructurada de requisitos económicos, técnicos y jurídicos que deben observar de manera esmerada los participantes, siempre con las variaciones que derivan de la naturaleza de las compras que se trate.
Teóricamente, el sistema de compras está estructurado para favorecer a los cumplidores, esto es, a los que, de manera consolidada, satisfagan -con ventajas probadas y documentadas- los requerimientos subsanables y no subsanables del proceso en cuestión. En el interregno funcionan los mecanismos de instrucción general, retroalimentación para aclarar dudas, subsanar lo pendiente y proponer las enmiendas que se consideren pertinentes.
Desde los linderos del Estado no deben hacerse pliegos de condiciones ni fichas técnicas para satisfacer intereses empresariales, no importa la dimensión de las empresas participantes en los procesos de licitaciones. En cada caso, se busca la satisfacción plena del interés público o de los bienes mayores que tal interés involucra, cuando aplique.
En el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) nuestro ese bien mayor, reiterado hasta la saciedad por el actual director ejecutivo, no está ni podrá estar sujeto, para su posible o sospechado perjuicio, a condicionamientos o cabildeos de partes interesadas, ni mucho menos al acomodamiento de los pliegos de condiciones a las características de empresas que carecen de las capacidades y competencias necesarias.
Ser competitivo no significa permanecer en un mercado por la fuerza oculta de los favores, las interferencias políticas o la adaptación de los mercados estatales a las carencias gerenciales, tecnológicas y productivas.
Ser competitivo es establecer claros y comprobables factores diferenciadores en términos de organización, eficiencia gerencial, equipamientos, productividad, tecnologías, conformidad del producto con normas, reglamentos o fichas técnicas, certificaciones, mediciones confiables e iniciativas innovadoras. Las Mipymes de avanzada deben entenderse eso, ya es tiempo.
Ahora bien, Inabie organiza actualmente complejos procesos de licitación que involucran el bien mayor del bienestar estudiantil.
Concretamente, el que concierne al Programa de Alimentación Escolar (PAE), ¿es realmente tan restrictivo o exigente que saca ex ante a las Mipymes de juego?
Estamos seguros que, al margen de sus posibles imperfecciones, la licitación de mayor envergadura alimentaria del país conoció sustantivas e integrales mejoras, consideradas pertinentes por un comité de compras que ahora funciona como Dios manda, frente a los ojos avizores de la DGCP. Ciertamente, en esta primera etapa de reformas a los pliegos las autoridades se han cuidado de no introducir mejoras que al final resulten confusas o defectuosas.
En este país por fin debemos entender que las reglas de juego claras y eficientes convienen al Estado y también a sus proveedores, siempre que –tratando de revolucionar o ser novedosos- tales reglas o procedimientos resulten complejos, restrictivos o confusos, especialmente cuando cientos de micro y pequeñas empresas -cargadas de deficiencias y limitaciones- son los actores principales de las licitaciones.
Sin duda, la seguridad para estas empresas no debe provenir del hecho de “que todos los proveedores puedan cumplir” para que no desaparezcan o para mantenerlos en el mercado, sino del conocimiento y cumplimiento cabal de la normatividad vigente, lo mismo que de los requerimientos de cantidad, calidad e inocuidad.
Es la manera correcta de contribuir de manera comprobable al bienestar estudiantil, entendido en sentido amplio. Además, es también la ruta más idónea hacia la competitividad dinámica de la que todavía seguimos muy distantes.
