La reciente revelación de que el Estado dominicano, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), pudo haber contratado con una empresa prácticamente desconocida la compra de energía a largo plazo ha causado asombro y preocupación en la sociedad dominicana.
Hasta el momento en que fue redactado este artículo, no se conoce el texto íntegro del contrato de referencia. Sin embargo, de las informaciones que han sido divulgadas, debemos aclarar que el contrato suscrito entre el Estado dominicano y la empresa Pinegy Commercial Group no parece haber sido para la construcción de otra nueva planta a carbón (una tercera), sino más bien para la compra a largo plazo de la energía que sería generada.
El sentido de este tipo de contrato, a nuestro parecer, sería para permitirle a la sociedad Pinegy obtener un financiamiento respaldado por el contrato con el Estado, y a su vez, utilizar este financiamiento para solventar la construcción de la nueva planta. En otras palabras, el Estado se compromete a comprarle energía a Pinegy, y en base a ese compromiso, los bancos financian la construcción de la planta. Un negocio sin riesgo alguno para Pinegy.
Resulta curioso que en este caso no se haya realizado ninguna licitación pública respecto a esta contratación, y que por igual se desconozca el texto del contrato firmado. La Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06, requiere que toda institución pública -incluida la CDEEE- realice procesos de licitaciones públicas para la contratación de productos y servicios. Más aún, en este caso en que parece que se le ha asignado un contrato grado a grado a una empresa que no parece tener experiencia alguna en la materia respecto de la que trata el contrato.
Por otra parte, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, dispone que “todos los actos y actividades de la Administración Pública… estarán sometidos a publicidad, en consecuencia, será obligatorio… la presentación de un servicio permanente y actualizado de información”. Nos mantendremos a la espera y atentos a que la CDEEE publique toda la información, incluyendo el texto íntegro del contrato, conforme a lo requerido por la ley.
Quedamos a la espera de que el Gobierno le explique lo acontecido a la Nación, y que se publique toda la información al respecto. En este sentido, le compete al Congreso Nacional (utilizando sus facultades bajo el Artículo 93, literal 2, de la Constitución) y la Procuraduría Especializada en Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realizar las investigaciones de lugar para determinar si ha habido alguna violación que amerite sanción.
