La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, en inglés) ha establecido que para el 2030, tendremos más de 560 siniestros por año, producto del calentamiento global y el crecimiento de la población, que siguen impactando, sobre todo a las naciones en desarrollo, donde son mayores los desastres y su riesgo económico perdiendo más del 1% PBI. En los últimos 20 años, las cifras han sido de 350 a 500 cada año, según el informe de la ONU.
Las naciones en desarrollo, se llevan la peor parte, donde más del 60% de las pérdidas no tienen ningún tipo de cobertura. En República Dominicana, apena las primas no sobrepasan el 1.3% de PBI, y seguros como el obligatorio de tránsito, donde cada año, contamos más muertos que la que se llevó la pandemia del COVID 19, como también los inválidos por accidentes, que sobrepasan los 20 mil cada año, con pérdidas económicas impresionantes, más del 40% circulan sin seguros ni revisión técnica vehicular, a pesar de que lo demanda la ley 63-17.
El mercado asegurador dominicano tiene una gran tarea, y es su responsabilidad, crear las condiciones para incentivar a todos los sectores al acceso de las coberturas. Necesitamos una mayor inclusión a los seguros de parte de los sectores más humildes, con coberturas más simples, al nivel de sus bolsillos y su entendimiento, y en esto debe involucrarse el gobierno, la superintendencia de seguros, que, si es preciso, obligar a las aseguradoras, dedicar algún esfuerzo, en diseñar algún tipo de publicidad, sean individuales o colectivas como sector, que creo serían de más provecho.
En los últimos años, las Pymes han tenido un gran crecimiento con el acceso al crédito barato que han impulsado los últimos gobiernos, donde Promipyme y Banca Solidaria han venido jugando un gran papel, como también lo vienen haciendo las cooperativas de ahorros y créditos. Pero aún estamos muy lejos de que el sector valore la importancia de tener cobertura. Y entiendo que la complejidad del mercado, de las coberturas y su burocracia en las indemnizaciones, han limitado el acceso. Y entiendo que podemos trabajar esos aspectos para lograr ampliar el mercado a niveles de rentabilidad requeridos.
Esperemos que con el decreto 226-22, creando una comisión para la modificación de la ley 146-02, esta ley se haga más amigable con los consumidores, sobre todo con los de menores ingresos. Necesitamos que el nivel de conciencia de la población se incremente, pero ofreciéndole facilidades y comprensión. Que comiencen a ver los seguros como una inversión y no como un gasto. Que las pérdidas no requieran de tanta complejidad, burocracia y tiempo para ser indemnizadas, y que las aseguradoras ofrezcan garantías de su buen manejo administrando los recursos de los afiliados, haciendo lo correcto bien hecho.
