[dropcap]L[/dropcap]a Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) fue, al momento de su creación por parte del entonces presidente Leonel Fernández (1996-2000), una institución funcional, que impuso el respeto a las normativas de tránsito y recibió de la población una respuesta de aceptación.
Los agentes de la Amet exhibían autoridad y disciplina e inspiraban respeto de todos los conductores. Todos, es decir, civiles, policías y militares, temían ser sancionados por un agente de esa institución.
Una de las principales razones de ese respeto que inspiraba la Amet y que ya no exhibe, sino que, muy por el contrario, sus miembros han perdido la dignidad y el orgullo de ser agentes porque nadie los respeta, era que en aquel momento esa institución la dirigía por un funcionario civil, no policía, no militar. El recordado Hamlet Hermann, quien lamentablemente murió recientemente.
Pero no es un Hamlet, es simplemente un civil no politizado que, por supuesto, sea experto en desarrollo de tránsito vial, pues no se puede ir a una entidad como la Amet a improvisar medidas, algo que se ha hecho común con los últimos titulares.
El Gobierno ha cometido el error de colocar al frente de la Amet a policías que con rango de general de brigada o mayor general, en ocasiones, actúan con base en rango y no con base en las normas generales. Lo mismo, por supuesto, hacen los agentes, que no se atreven a detener o multar a un policía o militar, so pena de ser posteriormente sancionados.
Si el titular de la institución es civil, no hay quien les imponga rango, no hay amiguismo ni vinculación con los policías y militares que, paradójicamente, son los principales violadores de la ley de tránsito.
Un director de Amet civil tendría como único jefe al Presidente de la República, no a otro general con una estrella de más que le pueda imponer rango o a otro funcionario civil y con rango en el partido de gobierno que lo pueda hacer pensar que si uno de sus agentes lo multan corre el riesgo de perder el puesto. No puede ser así. Es necesario sacar la influencia política y militar o policial de la Amet.
Por ejemplo, el director de la Amet actual es un general de brigada, es decir, tiene dos rangos menos que los demás puestos de generales. En la Policía hay varios mayor general, incluido el jefe de la institución y algunos otros con cargos de dirección regional o que están sin funciones, pero activos.
Cada uno de esos generales, mayor general y teniente general, en el caso del Ministerio de Defensa, son “superiores” al director de la Amet. Pero además, también es superior al director de la Amet el ministro de Interior y Policía y, por añadidura, todos los demás ministros de Estado.
Imagínense un director de la Amet civil, sin compromisos políticos, experto en tránsito terrestre, que reciba el apoyo del Presidente de la República para actuar.
Es seguro que no se dejará imponer presiones de parte de funcionarios, autoridades del partido oficial o de policías y militares por más rangos que exhiban, porque el titular tendría como único superior al jefe del Estado.
Esa debería ser la primera medida del Presidente de la República como paso para iniciar la solución al cada vez más grave problema de desorden en el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y algunos pueblos del interior.
De esa forma, los agentes de la Amet tendrían el respaldo de que no serán castigados si cumplen con su deber de imponer la disciplina a todos los ciudadanos que violenten las reglas viales, independientemente de que sean policías, militares, funcionarios, empresarios o dirigentes políticos. Todos tendrían que respetar la ley si el jefe de la Amet es un civil calificado, que cuenta con el apoyo del Jefe del Estado.
Y para muestra solo hay que observar los resultados. Cuando la Amet fue dirigida por un funcionario civil el orden en el tránsito era notorio, mientras que en las gestiones de policías al frente de esa institución el desorden en el tránsito ha ido de mal en peor.
