La elevada inflación en Argentina, uno de los mayores problemas macroeconómicos del país, se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para quienes aspiran a comprar una vivienda o quienes alquilan una debido a las fuertes indexaciones de créditos hipotecarios y contratos de renta.
La magnitud del problema es tal que desde hace unas semanas se debaten en el Parlamento argentino alternativas para aliviar a los deudores hipotecarios y descomprimir el mercado de alquileres.
En Argentina, donde el precio de las propiedades se fija tradicionalmente en dólares estadounidenses como referencia, la depreciación continua del peso argentino en un contexto de elevadísima inflación ha encarecido los costes para acceder a créditos hipotecarios y también ha complicado las condiciones de muchos asalariados para postular a préstamos.
La alta inflación -50.9% en 2021- representa un desafío para quien califica a un crédito, ya que los préstamos están indexados con coeficientes ligados a la evolución de la inflación, con pronósticos de aceleración hasta niveles inciertos (entre 70 y 80% para este año, según las últimas proyecciones privadas, ajustadas al alza mes a mes).
Este escenario explica por qué el otorgamiento de créditos hipotecarios ha caído y actualmente no representan más que el 0.4% del PIB, de acuerdo a datos de mayo pasado difundidos por el Banco Central.
A inicios de junio el Parlamento ha comenzado a analizar proyectos para dar respuesta a los problemas que afrontan las casi 120,000 personas que desde 2016 han accedido a los denominados créditos UVA, préstamos hipotecarios indexados por inflación.
Cuando se pusieron en marcha, esos prestamos tenían una cuota que en general no superaba el monto de un alquiler, pero desde el 2018, con el fuerte aumento de la inflación, esas cuotas comenzaron a dispararse, hasta montos que para algunos se volvieron impagables.
