El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, adelantó este viernes un amplio paquete de reformas en el turismo, el comercio exterior, la inversión extranjera y el papel del sector privado, entre otros ámbitos, con el objetivo liberalizar y desburocratizar la economía nacional, que se encuentra en estado crítico.
El anuncio, realizado por sorpresa y sólo ante medios cubanos, se justificó en la situación interna de la isla y en la presión económica de EE.UU., pero no se vinculó a la negociación con Washington, que ha hecho explícito en múltiples ocasiones su interés en que Cuba acometa profundas reformas económicas y políticas.
Díaz-Canel habló de adecuar el país a “las exigencias de los tiempos actuales”, de agilizar y dinamizar la economía, de descentralizar y dotar de una mayor “autonomía” a distintos actores, tanto a empresas estatales como a las provincias y municipios, y al sector privado, en la isla y en el extranjero.
“Son tiempos en que hay que cambiar y el país no puede seguir funcionando igual”, subrayó.
Este paquete, agregó, será ratificado en las próximas semanas por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), el corazón del poder en la isla, y luego los evaluará la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral), que siempre aprueba por unanimidad las propuestas que le llegan.
“El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad”, afirmó el presidente.
Estos cambios, independientemente del origen de su propuesta, van en la dirección hacia la que ha apuntado Washington, aunque -pendientes de su concreción- no parecen tan sustantivos como los que reclama la administración del presidente Donald Trump.
“Nuevos actores” en el turismo
Entre las medidas anunciadas destaca la apertura a “nuevas modalidades” y “nuevos actores” en el sector turístico, una de las antiguas locomotoras económicas del país, para “explotar” el parque hotelero de la isla tras la reciente retirada total o parcial de las principales empresas extranjeras (entre ellas las españolas Meliá e Iberostar) para evitar sanciones de EE.UU..
Desde entonces han quedado en el aire las operaciones de medio centenar de instalaciones hoteleras propiedad del Estado cubano (y en su mayoría de Gaviota, una empresa del conglomerado de los militares, Gaesa) que eran gestionadas por estas cuatro hoteleras.
Díaz-Canel habló asimismo de reformar el negocio inmobiliariario y en concreto en lo que atañe al turismo, donde apuntó cambios en la gestión y la búsqueda de “nuevas modalidades” y “nuevos actores”.
El Estado cubano es el propietario de los hoteles en la isla, con más de 84,000 habitaciones, y cuenta además con grandes empresas de alquiler de inmuebles.
También habló de aumentar la “autonomía” de las empresas estatales en materia de salarios, de inversión de utilidades (beneficios), de importación y exportación, de asociación con otros actores económicos, de diseño de planes de negocio y de acceso al mercado cambiario.
El presidente cubano indicó que se van a eliminar las importadoras, empresas estatales que intermedian obligatoriamente todo comercio exterior, para que este sector sea “más dinámico”, y avanzó el fin de las limitaciones a la importación de vehículos.
Agricultura e inversión extranjera
Las reformas también llegarán al campo, afirmó Díaz-Canel, quien señaló que a los productores agrícolas se les va a permitir la compra directa de insumos, la asociación con diferentes actores, la tenencia de cuentas “reales” (con respaldo en efectivo), la participación en el mercado cambiario y se va a tratar de hacer que sus trámites burocráticos sean “lo más ligeros posible”.
Subrayó que el Gobierno quiere “incentivar” la inversión extranjera directa y destacó en este punto el papel que pueden jugar los cubanos residentes en el exterior, que van a contar con las mismas condiciones que sus connacionales en la isla.
Díaz-Canel retomó de nuevo la pretensión de su Gobierno de “avanzar gradualmente eliminando los subsidios a productos” -en referencia a las libretas de abastecimiento (cartilla de racionamiento), cada vez más escuetas pero aún universales- para ir llevando el sistema social hacia el “subsidio a personas”, centrado en colectivos vulnerables.
Cuba lleva más de seis años en una grave crisis estructural que ha contraído su economía más de un 15% entre 2020 y 2025. Sin embargo, la presión estadounidense desde este enero, con un bloqueo petrolero y una nueva oleada de sanciones secundarias, ha agudizado la precariedad en la isla.
