El Consejo de la Unión Europea, la institución que representa a los países, expresó este miércoles “fuertes reservas” al plan presupuestario propuesto por el Parlamento Europeo para sí mismo en 2023, un movimiento muy inusual que se debe, según los Estados miembros, a la solicitud de la Eurocámara de aumentar en casi 170 puestos su personal el año próximo.
El Consejo, que adoptó este miércoles su posición para negociar con el Parlamento la totalidad del presupuesto de la UE para 2023, criticó duramente los planes de gasto de la propia Eurocámara, con 52 nuevos puestos y 116 asistentes acreditados más que se suman a los 142 puestos y 180 personal adicional externo que ya había solicitado para 2022.
Este órgano explicó que, debido a la inflación elevada, ya hay un riesgo de que no se respete el techo de gasto de la sección del presupuesto europeo de donde obtienen sus recursos las instituciones europeas, por lo que la solicitud presupuestaria del Parlamento obligaría al resto de instituciones a “soportar la carga de contener sus gastos administrativos”.
El Parlamento Europeo atribuye los nuevos cargos a la “necesidad de aumentar los recursos para proteger la integridad de sus sistemas de información y comunicación a la luz de las actuales tensiones geopolíticas” y aclaran que el incremento en presupuesto para asistentes no se traduce en nuevos contratos directamente, sino en la posibilidad para los eurodiputados de efectuar esos contratos.
El freno del Consejo al presupuesto del Parlamento es particularmente inusual por el pacto de caballeros entre instituciones por el cuál no se cuestionan mutuamente los presupuestos institucionales al negociar las cuentas anuales del bloque comunitario.
Las reservas de los Estados miembros llegan en el contexto de los planes para crear una nueva dirección general en el Parlamento Europeo que se atribuiría al grupo de la Izquierda a cambio de que esta pequeña formación se sume a una coalición para elevar al actual jefe de gabinete de la presidenta Roberta Metsola, Alessandro Chiocchetti, a secretario general de la institución.
Fuentes parlamentarias desvinculan ambos casos y señalan que la nueva dirección general se comprondría de personal parlamentario ya existente y no nuevas contrataciones.
Pese a ello, el nombramiento está causando polémica a nivel interno por una aparente relajación de los requisitos de experiencia para acceder al cargo, vista como una manera de adaptar el puesto al perfil del italiano, que ya era de por sí controvertido por haber sido asesor de un miembro del círculo más cercano a Silvio Berlusconi que fue condenado en 2014 a siete años de prisión por sus vínculos con la mafia.
Las misma fuentes apuntan, no obstante, a que el grado de experiencia requerido para acceder al cargo de secretario general es el mismo desde hace diez años, solo que es la primera vez que se aplica en la selección de esta posición porque el actual secretario, Klaus Welle, lo es desde hace trece años.
En la coalición que apoya al italiano también está por el momento el grupo liberal, Renovar Europa, si bien una de sus eurodiputadas más activas, la neerlandesa Sohpie in’t Veld, ha compartido una carta en la que tilda el posible nombramiento de Chiocchetti como “no equilibrado, no basado en el mérito y no profesional” y ve “absurda” la creación de una nueva dirección general.
En otra carta, también los representantes de los trabajadores parlamentarios y de los sindicatos advirtieron de que dar luz verde a estos nombramientos “reduciría a basura la credibilidad y la integridad del Parlamento Europeo como institución y de sus eurodiputados”.
La convocatoria para recibir candidaturas al puesto de secretario general, abierta hasta el 1 de agosto, es “un procedimiento abierto y transparente para elegir al candidato más competente y que sea capaz de lograr un respaldo mayoritario” de los miembros de la Mesa del Parlamento, responsable de la elección del nuevo secretario general, según fuentes cercanas a la presidencia de la Eurocámara.
