La economía dominicana con el covid-19 vio interrumpir su largo historial de crecimiento del producto interno bruto (PIB) con estabilidad de precios, tanto a nivel de la tasa de inflación de los bienes y servicios de la canasta básica, la tasa de interés del dinero en el sistema bancario y el valor de la moneda nacional en el mercado cambiario.
Con mayor rapidez de lo esperado, el comportamiento del PIB comenzó a expandirse hasta recuperar lo perdido, posterior a la pandemia por coronavirus; sin embargo, el referido crecimiento se ha producido con un ambiente hostil, al presentarse una tasa de inflación que no había conocido duplicar la meta de inflación del programa monetario, desde que el Banco Central la asumió como ancla y norte de su política al inicio del 2012.
El desafío que desde entonces tiene la formulación y conducción de la política económica, en sus dos vertientes, la fiscal y monetaria, es enorme y, al parecer, no logran articular la sinergia que se necesita para poder afrontar con éxito, en el menor tiempo posible y con los menores costos económicos y sociales, gerenciar el comportamiento de los precios. Se aprecian acciones de los instrumentos de la política monetaria, como el de la tasa de referencia y las operaciones de los valores en circulación con cierta intensidad y frecuencia, pero lo propio no lo muestra la esfera fiscal por el lado del gasto público, al continuar siendo expansivo, pese a que la inflación registrada dobla la meta del 2022 y un poco más.
Aquí la muestra que el gasto público interanual a julio de 2022 ha crecido en un 20%, cuando el país padece una inflación de un 9.48% y, además, el tipo de gasto no parece asistir a los más vulnerables, dado que, el gasto social, el que se dirige a los sectores de menor ingreso monetario de la población es inferior al programado, que es de un 46.5% del gasto público total versus el 45% ejecutado.
En forma inoportuna y como una muestra más de la poca sinergia mostrada, fue la información ofrecida por el principal responsable de la recaudación impositiva, al anunciar que se les cobraría tributo a las plataformas digitales y que se recaudarían unos RD$3,000 millones y al mismo tiempo indicó que los ingresos corrientes registrados en lo que va del 2022 superan en más de RD$25,000 millones lo estimado en el presupuesto nacional.
Hay que tener presente que la inflación acumulada en los últimos 22 meses es de un 15.8% y que, de esta, la población más pobre sea la que mayor cargue con su peso, con un 21% sobre la que reciben los otros sectores de la sociedad dominicana. Recordemos que hoy el costo de la canasta básica es mayor en 6 mil pesos que la de hace dos años, al pasar de RD$36,000 a RD$42,000 al mes, frente a un salario mínimo en su escala más elevada, que tan solo es de RD$20,000 mensual.
El entorno inflacionario que padece la economía dominicana, debe obligar a las autoridades a considerar que alcanzar la meta de inflación no puede ser negociada, especialmente porque fuertes incrementos de precios pueden comprometer el crecimiento económico.
Una alta y sostenida subida de precios produce incertidumbre en los agentes económicos, pérdida de eficiencia en los mecanismos de formación de precios y en la productividad, en los flujos de inversión, en la elevación del desempleo, en el poder adquisitivo, el ahorro, la demanda y la oferta.
En el afán de presentar logros económicos, las autoridades no parecen ponerse de acuerdo, en cuanto a qué es lo más prioritario para la política económica actual, gerenciar la inflación, estabilizándola y disminuyéndola o alcanzar altos niveles de crecimiento del PIB dominicano; mientras, la población continúa siendo afectada por los movimientos de precios al alza y sus impactos en sus ingresos monetarios y en la disminución de la calidad de vida.
Cuando se valora la actual coyuntura económica dominicana dentro del contexto internacional, el país se coloca frente al dilema de alcanzar crecimiento económico con alta inflación versus menos crecimiento del PIB con precios controlados y estables, rondando la meta de inflación del 4%. Una tercera opción, la del crecimiento de la economía con baja inflación, no parece realista en el actual escenario mundial y local, por eso, los hacedores de políticas públicas deben definir y comunicarle al país cuál opción han asumido, para garantizar la credibilidad y reputación de ellos y de la política económica que ejecutan.
A esta opinión le resulta más viable, con menores costos y sostenibilidad en el tiempo, crecer menos del 5% y tener una inflación dentro del rango meta y no un incremento de precios de un 9.48% interanual a junio, con un crecimiento del PIB de un 5.6% a mayo del 2022, que erosiona el poder adquisitivo del ingreso monetario y empuja a segmentos importantes de la población hacia la pobreza, por no estar generando la creación de empleos que requiere el mercado laboral dominicano.
De igual manera, otro de los desafíos de la economía nacional, es el de romper con el crecimiento poco inclusivo, que no muestra la calidad a la que se aspira, reduciendo el desempleo, resultando, que, la actual expansión del PIB, lo hace sin tener la capacidad de absorber los 87,000 trabajadores que antes de la pandemia se encontraban empleados y generaban algún tipo de ingresos monetarios y hoy no encuentran trabajo ni tampoco perciben un centavo. A diciembre del 2019 la población ocupada era de 4,649,688 y ahora es de 4,562,223.
En la misma línea, dada las circunstancias del momento, la política económica debe favorecer un tipo de crecimiento donde el sector agropecuario juegue una mayor participación y expansión, para garantizar el abasto de alimentos en forma oportuna y a bajos precios y no como acontece ahora, en donde la economía crece, pero el sector agropecuario no hace lo propio, mientras un plátano cuesta 25 pesos y una libra de pollo más de 90 pesos la libra.
Las autoridades monetarias volvieron a subir su tasa de referencia al colocarla en 7.75%, la más elevada desde enero de 2009, como reacción a la continuación de los factores inflacionarios que prevalecen en la economía y al incremento de las tasas de los bancos centrales de los Estados Unidos, Europa y la mayoría de los países de América Latina, sin lograr aun bajar y estabilizar los precios, que puede comprometer el crecimiento económico saludable del país.
