La Comisión Europea (CE) abrió este martes una consulta para recabar opiniones sobre la normativa comunitaria que exime a los consorcios de transporte marítimo de línea regular de las normas de defensa de la competencia.
Además, Bruselas informó en un comunicado de que ha enviado hoy cuestionarios específicos a las partes interesadas de la cadena de suministro del transporte marítimo de línea regular (transportistas, expedidores, operadores de puertos y terminales) sobre el impacto de los consorcios entre compañías de ese sector.
La encuesta estará abierta hasta el próximo 3 de octubre, indicó la CE.
Las normas de defensa de la competencia de la UE prohíben generalmente los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia, pero la mencionada legislación permite -en determinadas condiciones- a las compañías navieras con una cuota de mercado combinada inferior al 30%, celebrar acuerdos de cooperación o “consorcios” para prestar servicios conjuntos de transporte de mercancías.
El reglamento expirará en abril de 2024, razón por la cual la Comisión necesita llevar a cabo una evaluación de su funcionamiento desde 2020 para ver si lo prorroga, explicó, y agregó que pretende conocer los retos a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo.
En diciembre de 2021, la CE ya envió cuestionarios a los transportistas activos en las rutas con origen en la UE o con destino a ella, a fin de recopilar información sobre el mercado y, en particular, sobre los efectos de la pandemia de coronavirus en sus operaciones y en la cadena de suministro marítimo.
La Comisión se ha comprometido a publicar los datos de la encuesta para el último trimestre del año.
Según la CE, los servicios de transporte marítimo de línea regular tienen un papel esencial en el comercio y en la economía de la UE en su conjunto, y requieren además “inversiones cuantiosas”, de manera que los prestan normalmente varias compañías que cooperan mediante consorcios.
El tratado de la UE prohíbe los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia, pero en ciertos casos pueden ser declarados compatibles con el mercado interior siempre que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de productos.
También si fomentan el progreso técnico o económico y reservan a los usuarios una participación equitativa en los beneficios resultantes, y no eliminan la competencia.
La Comisión ya prorrogó la validez de la legislación en cuestión 2014 y 2020.
