El 16 de agosto del presente año se abre la nueva sesión de la legislatura dominicana. La importancia de la apertura de las sesiones legislativas es que, a partir de la misma y hasta su conclusión, los proyectos de ley introducidos pueden ser conocidos y aprobados, es decir, el Congreso Nacional tiene cinco meses para conocer y aprobar importantes proyectos de gran interés nacional.
En primer término, debemos felicitar al Congreso por aprobar una serie de iniciativas legislativas que eran esperadas por la comunidad dominicana. Entre estas se sitúa la ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, lo que permite el acceso a documentos digitales y audiencias virtuales en la judicatura. Igualmente, la ley de extinción de dominio, cuyo proceso de conocimiento y aprobación fue tortuoso, pero al final tuvo un resultado positivo.
En esta nueva legislatura, hay una serie de proyectos de alta importancia y relevancia para el país que deben ser priorizados. La reforma del sistema electoral -mejorar las leyes de régimen electoral y la de partidos y organizaciones políticas- es esencial que se realice entre 2022 y 2023 previo al año electoral 2024. Si bien es cierto que las leyes que tenemos son buenas, hay que aplicarles evidentes mejoras que redundarán en mayor confianza en los procesos electorales y el sistema democrático.
De otra parte, una reforma que tiene consenso prácticamente universal es la de nuestro anticuado e inadecuado Código Penal, que merece ser modificado en su totalidad. La mayor parte del Código ha sido consensuada, pero lamentablemente el tema de las tres causales continúa siendo un escollo en esta aprobación; no obstante, aprobar un Código Penal sin incluir estos tres elementos de derechos humanos sería contraproducente, y la sociedad clama para que sea aprobado con la inclusión de las tres causales.
Otro aspecto que merece ser conocido y aprobado es la ley de ordenamiento territorial. Se ha criticado mucho la atomización del territorio nacional, así como la falta de aspectos normativos en materia de las localidades en la República Dominicana, por lo que la ley de ordenamiento territorial viene a llenar este vacío. Es un instrumento que puede servir para aumentar la seguridad jurídica y certeza en las acciones municipales administrativas.
Hay otros sectores que merecen ser revisados para mejorar y modernizar la regulación que les compete. Por ejemplo, las normas en materia de seguridad social pueden mejorar para desarrollar el sistema por el bienestar de todos. Igualmente, el dinámico y crucial sector turismo cuenta con una serie de leyes que no están a la par de las necesidades internacionales, como el hecho de que no se contempla el llamado timesharing ni el concepto de proyectos maestros, importantes para continuar nuestro desarrollo en la materia.
Finalmente, hay una serie de normativas en discusión bajo el Consejo Económico y Social (CES), particularmente en materia de transparencia e institucionalidad del Estado, que deben ser conocidas. Son proyectos que procuran modificar y mejorar aspectos como compras y contrataciones públicas, organización del Estado, de conflictos de intereses, entre otras, y merecen ser conocidos por el Congreso.
