Un nuevo ministro de Educación ha tomado las riendas del sistema educativo dominicano, a nivel de la enseñanza preuniversitaria, y con este ya se cuentan 25 ministros en los últimos 55 años, lo que indica que a cada incumbente de Educación le ha tocado dirigir esa cartera por alrededor de 2.2 años en promedio.
Estos datos, que a simple vista parecen inofensivos, muestran una gran debilidad en cuanto a la continuidad de las políticas educativas, sobre todo porque, previo a la aprobación de la Ley General de Educación 66-97, cada ministro tenía la discrecionalidad de implementar las políticas, medidas y acciones que entendiera.
Sin embargo, no se debe dejar de reconocer que, con anterioridad a la puesta en marcha de esta importante ley, se había elaborado y estaba en proceso el primer Plan Decenal de Educación 1992-2002, un esfuerzo loable de las autoridades educativas de ese momento, por lograr una profunda reforma, a partir de un consenso de la sociedad en torno a la problemática educativa. Este plan, en esencia, visualizaba cinco grandes áreas de intervención: calidad, modernización, innovación, democratización y contexto. Con su ejecución, se avanzó en diferentes áreas del quehacer educativo dominicano quedando, no obstante, algunas tareas pendientes.
Después de varios planes decenales, así como de intensos movimientos para que se aumentara el gasto público en educación, tal y como lo establecía la Ley 66-97, se anuncia, en el 2012, la asignación presupuestaria para el subsistema preuniversitario educativo de un 4% del producto bruto interno (PIB). Ahí empezó a funcionar el negocio educativo.
En efecto, esa inusitada cantidad de recursos en manos del Ministerio de Educación y el incremento en el número de programas que empezó a ejecutarse con la jornada escolar extendida, provocó un aumento en la demanda de bienes y servicios, lo que originó, a su vez, que una gran cantidad de empresas vieran la oportunidad de hacer negocios con el Estado sobre todo porque, además, se quería promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país.
Las compras que realizaba en Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se constituyeron en el centro de atención de la población y una preocupación para las autoridades gubernamentales, pues el pastel era tan grande que todos querían una porción.
Lo propio ocurrió con la construcción, remodelación y mantenimiento de aulas y planteles escolares, en donde hubo una carrera alocada por adquirir terrenos y levantar edificaciones. A todo esto, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) arreció sus demandas por aumentos salariales, por encima de los resultados de la evaluación de desempeño de los docentes y de los indicadores de calidad. Toda una locura.
Mientras tanto, en el centro de la problemática están los estudiantes y sus familiares, quienes no ven, ni les interesa, el negocio educativo en todas sus variantes, pero sufren las consecuencias. Después de dos años de pandemia, de un Pacto Educativo y decenas de miles de millones de pesos invertidos en la educación preuniversitaria durante la ultima década, estamos peor o igual que hace 20 años.
Los muchachos no están aprendiendo y, por el contrario, se están yendo de las aulas. Bajo esta situación, bastante compleja, no es mucho lo que pueda hacer el nuevo ministro de educación, aunque le auguramos la mejor de las suertes.
