El sector industrial centroamericano percibe una evolución en los métodos del comercio ilegal, que incrementan las pérdidas del fisco en cada país, informó una fuente de la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y la República Dominicana (FECAICA).
“Se percibe una evolución sobre los métodos que utilizan las estructuras criminales para seguir defraudando a la autoridad recaudadora”, dijo a Efe el representante del Comité Pro Comercio Lícito de FECAICA, Alex Romero, en una entrevista telemática.
Según el representante industrial, los responsables del comercio ilegal continúan burlando los controles fronterizos, para introducir sin control productos como cigarrillos, granos, alimentos, bebidas, aves vivas, huevos, cerdo, ganado, licores, cemento, medicamentos, fertilizantes falsificados o adulterados, en los diferentes países de la región.
“El contrabando está llegando cada vez más a los países de la región centroamericana, tomando posesión del mercado y convirtiéndose en un riesgo inminente para la salud de los consumidores, traduciéndose en una pérdida importante para el fisco”, advirtió Romero, quien consideró el tema como un “problema de seguridad nacional y en estos casos a nivel regional”.
Actualmente, los países de Centroamérica trabajan para unificar los datos sobre las pérdidas que deja el comercio ilegal en la región, pero solamente Guatemala perdió más de 3,200 millones de dólares en 2021 a causa del contrabando, indicó el representante de FECAICA, organización que aglutina a más de 7,200 empresas.
Además de pérdidas a las empresas y al fisco, el comercio ilegal representa falta de plazas de trabajo, de acceso a servicios básicos por mermas en la recaudación de impuestos, así como riesgos a la salud humana con productos manipulados “por las redes criminales”, agregó.
El representante empresarial indicó que, para enfrentar el comercio ilícito, Centroamérica y el Caribe necesitan fortalecer la seguridad fronteriza, transferir conocimientos y buenas prácticas, desarrollar programas de prevención dirigidos a la población, fomentar economías locales en las zonas fronterizas, promover alianzas “público-privadas” de apoyo a las autoridades, como procesos de educación y formación sobre los delitos.
