Los eventos recientemente ocurridos en Chile son un importante referente de la forma en que las vías legales y de reformas constitucionales pueden servir tanto de ejemplo y de guía para la legitimidad democrática del Estado. Aunque la situación política de ese país actualmente no se parece a la nuestra, el proceso nos puede servir para extraer lecciones y aprendizajes que podemos tomar en cuenta en República Dominicana.
La nación de Chile vivió por muchos años bajo una dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Aunque el país pasó por una transición democrática pacífica a partir del año 1990, el legado de la dictadura -que como sabemos en nuestro país, suele ser un legado difícil de sacudir- continuó allá durante las próximas décadas.
En sentido general, Chile se habría caracterizado durante los últimos años como un país de centro derecha en Latinoamérica, con una envidiable estabilidad política y un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, elementos dentro de la sociedad no se sentían ampliamente representados por el sistema político y social, todavía relativamente de derecha, con una Constitución que data del año 1980 -en plena dictadura- que entendían no era adecuada para estos nuevos tiempos.
En este contexto, en diciembre del año pasado fue electo como presidente el joven de 35 años de edad, Gabriel Boric. Su elección supuso un importante cambio en la dirección de la política de administración de Chile, pues su discurso y su programa de gobierno reflejaban una tendencia de izquierda en vez de la derecha que tradicionalmente había gobernado al país.
La decisión de convocar a una asamblea constituyente para revisar la Constitución y proponer cambios no emana de Boric, sino de protestas en el 2019 que, a su vez, dieron lugar a su elección presidencial. Es decir, aunque el gobierno de Boric lidera la constituyente, la decisión en sí de haberla convocado no fue suya, pero vino respaldada por él en su condición de activista social.
El proceso de realizar una constituyente en Chile es distinto al de República Dominicana. Aquí, los legisladores de turno fungen como constituyentes, y la Constitución es aprobada directamente por ellos; mientras que en Chile, los miembros de la asamblea constituyente fueron electos directamente para esos cargos, y el resultado de la revisión constitucional tendría que ser aprobado o rechazado por un plebiscito (consulta o votación popular).
El pasado domingo, los chilenos rechazaron -por un amplio margen de 62% contra 38%- la propuesta de la nueva Constitución que salió de los trabajos de la asamblea constituyente. En sentido general, parece que los chilenos querían una nueva Constitución que dejara atrás la dictadura y fuera más moderna (por eso las protestas del año 2019 que dieron lugar a la elección de Boric y a la constituyente), pero que la propuesta se había excedido.
Aunque el voto en contra es una derrota política para Boric, demuestra la legitimidad democrática del gobierno de Chile y su sociedad, pues se escuchó a la voz del pueblo. En nuestro país, aunque no se requiere un plebiscito para esos fines, esta experiencia puede servir de ejemplo a considerar en casos futuros de propuestas de reformas.
