La Ley de Seguridad Social 87-01 establece tres mecanismos para la conformación del seguro de salud, de pensiones y de protección de los trabajadores formales e informales de República Dominicana: Régimen Contributivo, para los empleados formales; Régimen Subsidiado, para las personas desempleadas (corre por cuenta del Estado), y Régimen Contributivo Subsidiado, para los trabajadores informales o de cuenta propia, que harían un aporte y recibirían la otra parte del Gobierno.
Los regímenes Contributivo y Subsidiado son los que están operando desde hace más de 15 años, uno para la clase trabajadora formal y otro para los pobres y desempleados.
Sin embargo, el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) no se ha aplicado nunca de forma institucional, a pesar de que la Ley 87-01 ya tiene 21 años desde su aprobación.
Pero ahora se aprecia una pequeña luz en el túnel, pues el Ministerio de Trabajo ha decidido dar cumplimiento al Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en lo relativo a los derechos de los trabajadores domésticos. Para eso, se está proponiendo un plan piloto de aplicación del Régimen Contributivo Subsidiado como forma de ofrecer un seguro médico, de accidentes laborales y derecho de pensión para ese sector informal de la economía que trabaja en los hogares de forma particular.
Independientemente de los aspectos relacionados con los derechos específicos de las trabajadoras domésticas (en femenino, porque son mayoría en este sector), en el proceso se destaca ese intento por poner en vigencia, luego de más de dos décadas, el necesario RCS.
La idea, en el caso de las trabajadoras domésticas, es que su empleador o empleadora aporte RD$571 mensuales, que ellas aportes RD$29 y que el Estado participe con RD$259, para lo que se haría un per cápita de RD$859 al mes que serviría para la protección social de esas damas que sirven sus servicios laborales en los hogares familiares.
En caso de que el Gobierno le ponga “voluntad política” a esa iniciativa y de que no se eche para atrás bajo las “presiones” de opiniones infundadas en las redes sociales, este plan piloto podría ser el inicio para el desarrollo efectivo, de manera institucional, del RCS en la seguridad social.
Sería de gran impacto, pues, además de las más de 244,000 trabajadoras domésticas que se estima hay en el país, también tenemos que ellas se incluyen en el 52% de la clase laboral informal del país, dentro de un universo de alrededor de 4.7 millones de personas económicamente activas.
Entonces, con la aplicación del Régimen Contributivo Subsidiado, el Gobierno dominicano podría, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), formalizar la cobertura de salud, riesgo laboral y posible pensión solidaria de más de dos millones de personas que están en la informalidad y que bien pudieran aportar una parte de sus ingresos para recibir protección social de mejor calidad, pero a menor costo para el Estado. En este momento en el país hay alrededor de 5.8 millones de personas aseguradas bajo el Régimen Subsidiado (RS), es decir, por cuenta completa del Estado dominicano.
Si una parte de esas personas, posiblemente la mitad, hicieran un aporte mínimo para constituir el Régimen Contributivo Subsidiado, entonces puede que reciban mucho más protección social de la que ofrece el RS y que el Estado aporte menos recursos de los que destina en este momento solamente en gastos de salud.
Los choferes del transporte público (carros, guaguas, motoconchos, margaritas) podrían ser asegurados bajo el RCS y aportar una parte del costo de la cobertura. A ellos se agregan los vendedores ambulantes y fijos en los mercados, ventorrilleros, colmaderos, técnicos de cuenta propia como carpinteros, ebanistas, herreros, plomeros, electricistas, sastres, modistas, estilistas y una cantidad extraordinaria de personas que trabajan a diario y tiene ingresos promedios muchas veces mayores que el salario fijo que pagan los empleos formales públicos y privados, pero que no tienen protección social más efectiva, porque tampoco aportan un centavo por la atención que reciben a costa del Estado.
Sus gastos son mayores, porque deben ir sin seguro a procurar atención médica del sector privado cuando no la obtienen en los centros médicos públicos. Pero además, carecen de un plan de pensión. El RCS puede ser una solución.
