Por mucho tiempo se entendió que la economía se basa en la combustión del carbón para operar fábricas o plantas de energía. O del procesamiento del petróleo para mover aviones, barcos o automóviles. Es decir, mientras más combustibles quemaban los países (emisión de dióxido de carbono), mayor sería su crecimiento económico.
Pero no es así, porque ante la pregunta “¿cuál es el país más desarrollado de América Central y el Caribe?”, la respuesta debería ser República Dominicana. Sus emisiones alcanzan las 28 megatoneladas de dióxido de carbono (MtCO₂) de acuerdo con el Global Carbon Atlas. Duplica las de seis de los siete países de América Central y puede llegar a triplicar, o incluso más, las naciones del Caribe.
Sin embargo, no hay una respuesta tan simple. Panamá, por ejemplo, tiene el producto interno bruto (PIB) per cápita más alto y quizás la mejor infraestructura. Costa Rica el mejor sistema educativo y una variada biodiversidad en sus opciones de ecoturismo.
No obstante, la cantidad de gases de efecto invernadero combinada de esos países apenas llega a 18 MtCO₂. Es decir, por debajo de República Dominicana. Ahí está la problemática. En las acciones de cada país está la solución.
Impuestos
Si bien los efectos de las actividades humanas en el clima hasta la fecha son irreversibles, cada pequeño aumento de temperatura que es evitado da como resultado un calentamiento menor, advierte la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Sin embargo, en el caso del país, solo incrementa con los años, especialmente en la última década.
Los beneficios de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero ocurren en consonancia con las decisiones políticas que conducen a esas reducciones. En ese sentido, en 2021, los impuestos ambientales totales de República Dominicana fueron del 1.6% PIB, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En unos siete años, en promedio fue del 1.6% y solo en 2019 llegaron al 1.9%.
En 2021, traducidos a dinero, ese porcentaje del PIB significó un aproximado de RD$89,003 millones. Antes del 2015 no se tiene registro de cuánto destinó el país caribeño a combatir el cambio climático. No obstante, desde ese período, solo en el 2019 se superaron los US$4,000 millones. Desde la fecha que se tiene registro, promedió US$3,500 millones, solo por concepto de subsidios a los combustibles fósiles.
Un impuesto ambiental es un cargo que grava una unidad física de un artículo que tiene un impacto negativo comprobado en el medio ambiente. Por ejemplo, un galón de gasolina, un vuelo de pasajeros o una tonelada de residuos destinados a vertederos.
Estos se dividen en cuatro tipos: impuestos ambientales sobre energía, transporte, contaminación y consumo de recursos. Los impuestos sobre la energía fueron la categoría más importante en 2019: representaron el 73% de impuestos ambientales totales de República Dominicana.
La generación de energía en el país es altamente dependiente de combustibles fósiles (83% en 2021) y la tarifa al usuario final está subsidiada de manera “insostenible” por el Estado, de acuerdo con el presidente de la nación, Luis Abinader.
Solo en 2021, el subsidio a la tarifa eléctrica alcanzó más de US$1,000 millones. De igual forma, el alza de los precios del petróleo para el transporte se convirtió en un peso “insostenible” para el presupuesto del país, advirtió el mandatario.
Solo por cada US$1,000 de PIB, la República Dominicana emitió 0.13 kilos de CO2 en 2021 y 2.47 toneladas per cápita. Es decir, por habitante.
Acciones
Los gobiernos, para “enfrentar” su impacto atmosférico y ambiental, pueden hacer gastos en protección ambiental, biodiversidad o paisajes, así como reducción de la contaminación y la gestión de residuos. El FMI los denomina indicadores de política gubernamental.
Solo en 2020 se destinó más de RD$3,300 millones en biodiversidad, y para la protección ambiental, RD$817,498,016. En el caso la reducción de la contaminación, RD$880 millones fueron destinados para esos fines.
Mientras para la gestión residuos no se tienen datos de los últimos siete años, para el gasto en tratamiento de aguas residuales, al 2018 – último dato del que se tiene registro – fue de RD$240 millones, de acuerdo con el FMI.
También están los subsidios explícitos e implícitos a los combustibles fósiles. Estos muestran el impacto de las decisiones de política gubernamental sobre los precios de los carburantes pagados por los consumidores, en comparación con un precio no subsidiado. En 2020, en el país se registró un total de 4.7% del PIB gastado en subsidios a los combustibles fósiles.
En ese sentido, mientras los impuestos sobre la energía (incluido el combustible para el transporte) representaron más de RD$69,500 millones, los impuestos sobre el transporte (excluido el combustible) ascendieron a casi RD$19,500 millones en 2021.
Región
República Dominicana lleva “millas” en emisiones de CO2. El segundo país con más gases de efecto invernadero en 2020 fue Cuba, que con unos 11,326,616 habitantes, emitió 20 MtCO₂. Con todavía más población, Guatemala (16,858,333), apenas tuvo registros de 19 MtCO₂. Le siguieron Panamá (11 MtCO₂), Honduras (9.7 MtCO₂) y Costa Rica (7.9 MtCO₂).
Tanto en el país, como en el resto del mundo, sector de la energía, que incluye el transporte, la electricidad, el calor, los edificios, la fabricación y la construcción, además de las emisiones fugitivas y la quema de otros combustibles, es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre.
En el país es responsable de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, seguido por la agricultura, los procesos industriales y los desechos.
