El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, defendió este jueves, ante ministros latinoamericanos, la gestión social del Gobierno español frente a la pandemia, con el Ingreso Mínimo Vital y la reforma laboral como banderas, y que ha permitido un incremento de aportaciones a la seguridad social inesperado.
Durante el 1° Foro Iberoamericano sobre Retos de la Formalización Laboral en Iberoamérica que comenzó hoy en Bogotá, Escrivá dijo que en los últimos años España se ha planteado “el reto de mejorar la economía de una forma no muy ambiciosa”, pero que consiga romper el “círculo vicioso de la informalidad”.
Este círculo, explicó, lleva a que las personas que trabajan de forma informal no vean atractivo entrar a la formalidad por las pocas prestaciones sociales que dan los Estados y a la vez el Estado no pueda dar mejores prestaciones porque no tiene una base de cotización suficiente de parte de los trabajadores.
Por ello, en un momento como la pandemia, donde el mundo se puso al límite, el Gobierno español se propuso “proteger el tejido productivo y los salarios de los trabajadores” con “políticas que no se habían utilizado antes” y que beneficiaron, con ayudas, a más de 5 millones de trabajadores.
Estas ayudas van desde el Salario Mínimo Vital, con el que se cubren ingresos de hasta €500 (unos US$489) al mes para hogares que no alcancen cierto nivel de ingresos, hasta la mejora del uso de tecnología como la reducción del uso de efectivo en la economía, que ha ayudado a la “emergencia de recaudación sin tener que tocar tipos impositivos”, subrayó.
Esto ha producido, en palabras del ministro, resultados incluso ahora cuando los efectos de la guerra de Ucrania hacen mella en todas las economías del mundo, en términos de 750,000 empleos creados, lo que supera las expectativas que tenían, pero también con un “refuerzo de ingresos a la Seguridad Social” que tampoco se esperaban.
España destina, según expuso el ministro, 17 puntos de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, unos US$220,000 millones, a prestaciones sociales y mantener el sistema de bienestar, que se sostiene en dos terceras partes mediantes las aportaciones tributarias y en lo restante por aportaciones del Estado.
