La década de los años 80 debe ser la temporada en que más dominicanos emigraron fuera de República Dominicana, de forma legal e ilegal, especialmente hacia Estados Unidos, aunque también a naciones de Europa y algunos países de América Latina.
El punto es que, de acuerdo con estimaciones y levantamientos censales en las naciones donde hay dominicanos de nacimiento y origen, se estima que son alrededor de dos millones los compatriotas fuera de este territorio.
Esas comunidades de dominicanos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos y de manera más específica en la ciudad de Nueva York, envían cada año miles de millones de dólares a sus familiares y amigos aquí. De hecho en 2021 ingresaron al país US$10,402 millones en remesas, mientras se estima que para este año no serán menos de US$10,000 millones.
Ahora bien, vamos a entrar un poco en la imaginación. Supongamos que a esta fecha, en lugar de dos millones de dominicanos en el exterior tuviéramos la mitad, es decir, un millón, mientras que la otra mitad viviera en República Dominicana.
En un caso como ese, tendríamos un millón de ciudadanos adicionales en territorio dominicano, demandando bienes y servicios y, sobre todo, puestos de trabajo. República Dominicana tendría una presión adicional por el equivalente a, aproximadamente, el 10% de su población actual.
Es posible que, bajo esas circunstancias, los niveles de pobreza y desigualdad social en el país serían mayores, mientras las presiones sociales sobre el Estado también habrían estado muy por encima del nivel actual.
Pero en esa imaginación habría que incluir otro elemento. ¿Cuál? ¡Oh! La reducción de ingresos. Sí, porque si dos millones de dominicanos envían aproximadamente US$10,000 millones en remesas, entonces la mitad de esos compatriotas solo estarían enviando el equivalente a US$5,000 millones.
Lo anterior indica, entonces, que la economía dominicana estaría dejando de recibir alrededor de US$5,000 millones que, a través de sus receptores, se traducen en consumo de bienes y servicios que movilizan las actividades productivas del país.
El efecto negativo de que solo la mitad de nuestros compatriotas haya emigrado al exterior implicaría un doble perjuicio: de un lado, más habitantes en el país haciendo crecer en aproximadamente un 10% la población local, demandando bienes y servicio y buscando empleos, en un escenario en que, con las condiciones actuales, hay altos niveles de desempleo.
De otro lado, una caída del ingreso de divisas por el orden de US$5,000 millones que actualmente contribuyen con el dinamismo de la economía, por el encadenamiento productivo que implica el consumo de semejante cantidad de dinero en manos de quienes lo reciben.
En todo caso, lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de imaginación para dejar en claro la razón por la cual, hasta cierto punto, los Estados, los gobernantes, de este y de otros países subdesarrollados, son algo flexibles en los controles de la emigración de sus ciudadanos en busca de mejores oportunidades de desarrollo personal en otras naciones.
Se trata de un alivio social y una ayuda económica gratuita para los gobernantes, lo cual, a la larga, resulta en un beneficio socioeconómico. La presión, entonces, es para los países que reciben de forma legal e ilegal a esos inmigrantes. Son esos países los que deben aplicar los controles de lugar para evitar esa presión de nuevos ciudadanos en su territorio.
Este ejercicio de imaginación también nos permite sacar algo de espacio para también imaginarlo a la inversa, es decir, lo que pasa con nuestros vecinos haitianos que vienen a República Dominicana en busca de oportunidades de ingresos, representan una carga demográfica para el Estado y a la vez envían a su país de origen los recursos que reciben por los trabajos que realizan.
En ese caso es a las autoridades dominicanas que les corresponde tomar medidas para controlar la inmigración haitiana, mientras deben dejar a los países receptores de nuestros compatriotas, que se encarguen ellos de controlar la entrada de quienes, una vez establecidos allá, se convierten en emisores de remesas hacia sus familiares y amigos aquí, por montos que, solo para este año, no serán menos de US$10,000 millones.
Nuestro problema es la inmigración de ilegales haitianos, no la emigración de dominicanos a otras naciones.
