El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) publicó un análisis del estado de la deuda pública dominicana. Explica que entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 la deuda pública consolidada de República Dominicana (incluyendo deuda intergubernamental) había experimentado un incremento neto de US$7,652.7 millones, equivalente a un 12.3%.
Indica que como porcentaje del producto interno bruto (PIB), la deuda pública consolidada se ubicó en 61.5%, de los cuales un 46.1% correspondían a la deuda del sector público no financiero y los restantes 15.4% a la deuda del Banco Central.
“Cabe señalar que la reducción que se refleja en la gráfica de la deuda como porcentaje del PIB se debe a un aumento del PIB nominal, que a su vez, ha sido resultado del aumento de los precios, es decir, la inflación”, refiere.
Por otro lado, indicó que si bien la relación deuda sobre PIB es relevante para comparaciones internacionales, el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios (GIIT) es un mejor indicador para analizar la sostenibilidad fiscal del país.
Explica que el GIIT refleja la liquidez del gobierno para hacer frente a los compromisos de la deuda. Como se puede apreciar en la gráfica, el pago de intereses de la deuda presupuestado para este 2023 representarán el 26.4% de los ingresos tributarios.
Para este año 2023, el poder ejecutivo ya tiene aprobada por el congreso la emisión y colocación de valores de deuda pública por hasta un monto de RD$363,257.9 millones o su equivalente en moneda extranjera.
El ritmo de endeudamiento del Estado dominicano debe ser reducido de forma sostenible. La mejor forma de lograr este objetivo es iniciando un proceso de consolidación fiscal basado en: 1) el establecimiento de reglas fiscales que reduzcan el déficit y, en consecuencia, la deuda pública (esto mediante una Ley de Responsabilidad Fiscal); 2) una reforma tributaria que simplifique el código tributario, elimine los impuestos más distorsionadores, reduzca las tasas de los existentes y amplíe sus bases; y 3) la implementación de reformas estructurales que permitan incrementar la productividad promedio en la economía y elevar los ingresos de los ciudadanos.
