Santo Domingo.– Latinoamérica tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es la ciberseguridad, que permea todos los sectores, desde turismo hasta el sistema bancario o financiero. La Organización International de Policía Criminal (Interpol), afirma que la región se enfrenta a más ataques de ciberdelincuencia.
Sólo en la primera mitad de 2020, América Latina registró las tasas de ciberataques más altas del mundo, con casi tres veces más incidentes a través de navegadores móviles que el promedio mundial. Ante esa realidad, la seguridad cibernética juega un papel fundamental.
En ese sentido, según el Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI), desarrollado por e-Governance Academy, República Dominicana, aunque carece de un destacado desarrollo digital, cuenta con la calificación más alta en la región, alcanzando 70.13.
De hecho, se posiciona en el top 30 a nivel mundial, empatada con Canadá (70.13) y superando a otras naciones como EE.UU. (64.94). Sin embargo, en términos de desarrollo digital, ambos doblan a la nación caribeña que tiene un puntaje de 45.41, mientras los países de Norteamérica, 75.96 y 81.05, respectivamente.
Latinoamérica
Es así como la ciberseguridad ahora es un tema que continuamente adquiere relevancia en todos los niveles y sectores, explica a elDinero el especialista en Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, Miguel Ángel Mendoza. “Latinoamérica no es la excepción, se observa un interés mayor en el tema, donde los gobiernos, empresas y usuarios se preocupan y ocupan cada vez más por su seguridad digital”.
Para su calificación, el e-Governance Academy toma en cuenta una serie de pautas como el desarrollo de políticas de seguridad cibernética. En ese apartado, República Dominicana, Paraguay, Chile y Ecuador cuentan con todos los parámetros necesarios.
Así mismo, el país caribeño, junto a Uruguay, son los únicos con el estándar requerido en términos de análisis e información de amenazas cibernéticas. Mientras el primero tiene Observatorio Nacional de Ciberseguridad (Ciberobservatorio), el segundo tiene la División Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC).
Otros parámetros tomados en cuenta en su clasificación son la educación y el desarrollo profesional donde ninguno de los países de la región cumplió con todos los requisitos, que incluye competencias en ciberseguridad en educación primaria. En ese apartado solo Argentina y Panamá cuentan promulgaciones.
No obstante, República Dominicana tuvo el mayor puntaje en contribución a la ciberseguridad mundial. Forma parte del Convenio sobre Ciberdelincuencia, El CSIRT Nacional fue admitido como miembro pleno de FIRST en 2020, y es el único país en la región que alberga una organización de seguridad cibernética regional o internacional: el Centro de Competencia Cibernética de América Latina y el Caribe.
El NCSI mide más de dos docenas de factores para su clasificación, entre los que también se cita la protección de los servicios digitales y esenciales. También están los servicios de confianza e identificación electrónica, que influye las firmas electrónicas.
Asimismo, analizan la protección de datos personales, gestión de incidentes y crisis, y sus respuestas. En ese apartado, ningún país contó con los requerimientos necesarios. De hecho, sostiene que los gobiernos carecen de un plan de gestión de crisis para incidentes cibernéticos a gran escala.
La lucha contra el cibercrimen fue tomada en cuenta, analizando su tipificación. Solo Uruguay y Haití no cuentan con ese punto. Este último tampoco cuenta con una unidad de delitos cibernéticos, mientras el resto de la región sí.
Regulación
En 2018 República Dominicana anunció su estrategia de seguridad cibernética en el marco del Decreto 230-18, que establece y regula la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La misión es implantar los mecanismos adecuados de seguridad cibernética para la protección del Estado, sus habitantes y, en términos más generales, la seguridad nacional.
Se enmarca dentro del Programa República Digital creado a través del Decreto 258-16. Cuenta con cuatro objetivos generales, 13 específicos, y 37 líneas de acción contenidos en los cuatro pilares: 1) Marco legal y fortalecimiento institucional; 2) Protección de infraestructuras críticas nacionales e infraestructuras TI del gobierno; 3) Educación y cultura nacional de ciberseguridad; y 4) Alianzas nacionales e internacionales.
