Hace alrededor de una década que empezó a hablarse de Inteligencia artificial. En aquel momento, los términos como redes neuronales o maching learning parecían sacados de piezas de ciencia ficción y nadie acababa de comprender con exactitud de qué se trataba.
Sin embargo, hoy han empezado a involucrarse en la cotidianidad de la gente. Las posibilidades pasaron a formar parte de conversaciones que invitan a repensar la educación, los empleos y las políticas públicas.
El Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas han publicado manuales de uso de inteligencia artificial en políticas públicas e informes sobre ética en su uso. Y en esta parte, ha surgido la necesidad de que los países impulsen regulaciones sobre el uso de estas tecnologías.
En esa dirección, hay quienes dividen las normativas entre “Regulaciones horizontales” y “Regulaciones verticales”. Las primeras tienen que ver con los controles que se aplican al tipo de tecnología utilizada, mientras que las segundas están relacionadas con los sectores.
Un ejemplo más claro, las restricciones que algunas universidades están aplicando en torno a Chat GPT son regulaciones horizontales porque se refieren a esa tecnología en concreto. Mientras que, las normativas vinculadas a inteligencia artificial en el campo de la medicina o el mercado de bolsa son verticales porque se centran en sectores específicos.
Pero, ¿Por qué las regulaciones? De acuerdo con María Belén Abdala y Santiago Lacroix, al emplear este tipo de instrumentos en la implementación de políticas públicas “las agencias gubernamentales que los utilizan suelen desarrollar e implementar sistemas de algoritmos con bajos niveles de transparencia, conocimiento público, y medidas de supervisión o responsabilidad”.
Y en una época en la que la región de Latinoamérica y El Caribe atraviesa por grandes niveles de desconfianza en las instituciones públicas y que viene de verse sacudida por escándalos de corrupción a todos los niveles, hablar de falta de transparencia en materia de inteligencia artificial es para tomar en cuenta. En esta línea, Abdala y Lacroix proponen cuatro temas esenciales al momento de analizar “el uso, funcionamiento y regulación de la inteligencia artificial”.
Estos son: la apertura del procesamiento de la información, los sesgos de los algoritmos, la ética de la selección y el manejo de la información. Pero estos criterios suponen una carga ardua de complejidad; en ese sentido, Political Intelligence, una empresa de origen británico, realizó un informe a solicitud de la Comunidad Europea, con el objetivo de evaluar las posibilidades de impulsar una regulación al uso de inteligencia artificial en la administración pública.
Esta y otras iniciativas a nivel global hablan de la necesidad que tienen los gobiernos de invertir en sectores que cada vez van más rápido. En lo que va de 2023 no ha habido una semana sin alguna nueva noticia vinculada a investigaciones y avances con inteligencia artificial. Desde una herramienta conectada a internet en tiempo real hasta investigaciones para afrontar desafíos matemáticos, las noticias surgen diariamente. Y en esa línea ya ha empezado a hablarse de gobernanza de inteligencia artificial.
Pero antes de seguir con este punto, tal vez convenga hacer referencia a dos tipos de usos de estas herramientas. El documento “Uso responsable de IA para política pública”, un manual realizado por el equipo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la iniciativa Fair LAC, contempla dos formatos de empleo de herramientas de inteligencia artificial en contextos de iniciativas de los gobiernos:
• Sistema de soporte de toma de decisiones: Básicamente, se trata de un conjunto de algoritmos que permiten gestionar datos y analizar escenarios para que el equipo a cargo del proyecto tome la mejor decisión posible.
• Sistema de toma de decisiones: A diferencia del anterior, en este caso las herramientas están programadas para analizar los datos y tomar decisiones en función a los objetivos con los que haya sido programado el sistema.
Como se puede percibir, pasamos de utilizar un chat para impulsar un pequeño proyecto en una alcaldía o gestionar las redes de una escuela a pensar a gran escala. Y mientras mayores son las posibilidades, más desafíos acarrean estos modelos en relación a transparencia, garantía de derechos y, sobre todo, factibilidad de las políticas.
