El Banco Central acaba de liberar poco más de RD$21,400 millones para destinarlos al financiamiento de viviendas de bajo costo. Esta es, sin duda, una noticia muy positiva pues la estimación es que cerca de 10,000 familias puedan tener acceso a un techo digno, propio y seguro. Cualquier iniciativa que lleve a cabo el Estado para facilitarles el camino a una vivienda a familias con escasas posibilidades, es una información que debe ser celebrada o aplaudida.
La Constitución dominicana es explícita en el Artículo 59: Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda.
Al analizar la Constitución, que echa sobre el Estado una responsabilidad tan fundamental, y ver lo que han hecho las autoridades monetarias para facilitarles un techo a miles de familias, puedo afirmar que esta acción es una demostración de todo lo que se puede hacer para que los dominicanos puedan acceder a una vivienda que ofrezca seguridad y certidumbre.
Mientras para las autoridades monetarias esto es una acción que busca dinamizar la economía, pues para nadie es un secreto que un crecimiento económico menor al 5% genera preocupación, y que para los constructores es meramente una actividad comercial, porque son empresas que nacieron para hacer negocios, para los beneficiarios, que también recibirán los beneficios del Bono ITBIS, representa la solución de un problema que ofrece garantías a los miembros de una familia.
Por el lado del Estado, igualmente, es el cumplimiento de una obligación constitucional, ya que es un deber o una responsabilidad estatal, dotar a cada dominicano de un techo que dignifique su existencia.
Las tasas de interés, las que han alcanzado niveles históricos como consecuencia de las medidas restrictivas para frenar la inflación que han adoptado las autoridades del Banco Central, en lo que compete a estos recursos, por su naturaleza, no habrá dificultades, ya que serán financiados a tasas preferenciales por ser fondos del encaje legal del sistema financiero.
Importante es destacar que de esta cantidad, correspondiente a recursos liberados de encaje legal en 2017 y que se sumarán a iniciativas como el Bono ITBIS y el Bono Tasa, el 80% de ellos se destinará al financiamiento de viviendas de bajo costo, mientras que el 20% restante será dirigido a préstamos interinos para su construcción que, en conjunto con los beneficios fiscales otorgados para este tipo de construcción, dinamizaría su oferta.
Sí tengo esta sugerencia para las autoridades monetarias: la inflación ha disparado los costos y es necesario que haya algún nivel de flexibilización con el valor final de la vivienda. Quizá sea prudente establecer un rango adicional por si pasa el límite máximo permitido.
