La balanza comercial de Argentina sufrió un fuerte impacto negativo, cuantificado en US$4,940 millones, por las consecuencias económicas globales de la invasión rusa a Ucrania, de cuyo inicio se cumple un año este viernes.
Ese cálculo, realizado por las autoridades argentinas, surge de la diferencia negativa entre las proyecciones previas a la guerra respecto a las importaciones de combustibles, las exportaciones agropecuarias y los costos por fletes y el comportamiento que efectivamente se dio en estos ítems tras la escalada de los precios internacionales por el conflicto bélico.
Según un informe del Ministerio de Economía argentino difundido este viernes, el impacto negativo se hizo sentir con fuerza en el mayor gasto que debió afrontar Argentina para importar combustibles y por costos de fletes, que no llegó a ser compensado por los mejores precios internacionales de los productos agropecuarios que exporta el país suramericano.
“Se observa un aumento del valor de las importaciones de combustibles en US$3,757 millones en relación a los US$1,999 millones proyectado a precios preguerra. En relación con el complejo agroexportador, se evidencian exportaciones netas por un total de US$617 millones adicionales a lo proyectado antes de la guerra”, precisa el informe.
En cuanto a los costos por flete para exportación, éstos implicaron un gasto adicional de US$1,800 millones por sobre lo proyectado antes de la guerra.
“El impacto final de la suba de precios internacionales a causa del conflicto en Ucrania se estimó en US$4,940 millones”, señala el informe oficial.
Según el Ministerio de Economía, durante el invierno austral de 2022 el saldo energético “fue significativamente negativo, totalizando una balanza comercial negativa producto de las importaciones energéticas”, con “un aumento exponencial del déficit del sector energético en la balanza comercial con respecto a los meses invernales de 2021”.
En este escenario, el Gobierno argentino desplegó una serie de acciones para intentar paliar las consecuencias del cambio de precios relativos, incluyendo incentivos para aumentar la producción doméstica de gas, la renegociación de los contratos de importación de gas natural desde Bolivia y la importación de energía eléctrica desde Brasil a precios más competitivos.
Con todo, el “shock” de precios de los combustibles generó un aumento en los subsidios energéticos por parte del Estado, con transferencias en 2022 por 1.8 billones de pesos (US$8,907 millones ), con un costo fiscal adicional atribuido a los aumentos de precios por la guerra de 587,934 millones de pesos (US$2,910 millones).
