No hablaré de corrupción. Este tema no me gusta. Tampoco es el foco del contenido que servimos en este medio especializado en economía y finanzas, aunque estos temas son transversales a cualquiera de las actividades humanas, incluyendo la corrupción. ¿Qué otra razón pudiera justificar un acto de corrupción que no sea la acumulación de dinero? Pero no quiero hablar de corrupción, pues ese no es el tema.
De lo que sí deseo hablarles de las bancas de apuestas ilegales, es decir, sin un permiso oficial para operar en el mercado, que antes “operaban” con cierta legalidad porque pagaban “un impuesto mensual” para que pudieran trabajar sin contratiempos. Tras las investigaciones que realiza el Ministerio Público por supuestos actos de corrupción (y volví a mencionar la palabra) cometidos por funcionarios de la pasada gestión de gobierno, se determinó que había una especie de “impuesto que no era impuesto” que se les cobraba a los dueños de bancas de apuestas o de lotería, todo para que pudieran operar sin dificultad.
Según las autoridades judiciales, lo que se hacía era desviar ese dinero a otros propósitos que en nada tenían que ver con la función de los impuestos que cobra el Estado a sus ciudadanos. Lo que se sabe, por la querella, es que ese dinero ni siquiera entraba al registro. Posiblemente muchos de nosotros conocemos banqueros a quienes les cobraban este “impuesto que no era impuesto”, sino una imposición para otros objetivos.
¿Qué sucede ahora? Bueno, la verdad es que debemos decir que esas bancas están abiertas, venden sus números y, lo mejor, no pagan ni una cosa ni la otra. El Estado tiene dos opciones a la vista: comenzar un proceso de cierre y normalización de estos establecimientos o simplemente cobrarles a todas “el impuesto”, pero que esta vez el dinero entre a las cuentas del Estado para que pueda ser invertido en obras de bien social.
No sé si la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, tendrá capacidad para saber dónde están y cuántas bancas de lotería hay en el país. Lo que se sabe, por cuenta de las estadísticas oficiales, es que registradas hay menos de 40,000 puntos de venta de números de lotería operando con legalidad.
Sin embargo, también se sabe que este registro está extremadamente subestimado. Es lo que podría llamarse un verdadero subregistro. Hacerse de la vista gorda, como en otros casos, es también otra opción disponible, ya que estos establecimientos generan empleos, los cuales, aunque de mala calidad, sirven como muro de contención en un mercado de trabajo deprimido.
Es propicia la ocasión para reiterar el llamado de alerta a las autoridades para que, por lo menos, se les cobre el impuesto pertinente a estos establecimientos, ya que se sabe (y lo sé) que un dueño de banca de lotería puede tener autorización para operar 10 puntos de venta, pero en la realidad pudiera tener 30 o 35, lo que supone una irregularidad que afecta al Estado.
