Un ex secretario ejecutivo de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-haitiana considera que aun cuando la decisión del Tribunal Constitucional sobre la inmigración ilegal haitiana es correcta, la resolución de ese problema requiere de medidas más económicas y sociales que jurídicas.
Julio Ortega Tous recordó que el producto interno bruto haitiano en 1850 superaba al dominicano hasta 1960, cuando se igualaron, y es ahora quince veces mayor que el de ellos.
“Es en la explicación de ese proceso económico, social e histórico donde debe buscarse el porqué de esa gran inmigración haitiana, una mano de obra que incide tanto en el país que determina incluso el bajo sistema salarial dominicano”, agregó.
Entrevistado por Manuel Jiménez y Felipe Ciprián en Propuesta de la Noche por Digital 15, Ortega Tous dijo que también es ese proceso el que explica el porqué es tan bajo el salario promedio del país respecto al nivel y a la distribución de la riqueza nacional.
“Creo que estos factores son los más importantes en este asunto, y por eso en la Comisión Mixta tratábamos siempre de elaborar proyectos, de concertar acuerdos y de negociar para facilitar a Haití un rápido crecimiento”, dijo.
Considera que ese problema tampoco se resuelve con la ayuda internacional a Haití, que hoy financia el gasto corriente de su presupuesto con el 70% de donaciones y el gasto de capital con casi el 100%.
Ortega Tous dijo que ante tal realidad, a la República Dominicana corresponde actuar desde la Comisión Mixta Bilateral como un pivote que coadyuve al crecimiento de la parte occidental de esta isla compartida por dos estados.
En lo jurídico dijo que la decisión del Tribunal Constitucional no niega la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en el país a partir de 1929 sino que aclara el procedimiento que los extranjeros nacidos en el país en condición de ilegalidad deben cumplir para obtenerla.
“No podemos continuar con decenas o con cientos de miles de personas en un limbo legal, por eso el Tribunal Constitucional da una base legal y ordena al Estado e incluso da plazos a la Junta Central Electoral y a los demás poderes públicos para que sometan a esas personas a un plan de regularización migratoria y legal”, interpretó.
Citó el caso de la señora Juliana Deguis Pierre que obtuvo sus documentos como se ordena y que por tanto podrá aplicar en cinco años a la naturalización bajo protección de la ley dominicana.
Justificó que el país cuenta desde la nueva Constitución de 2010 con un ordenamiento que arrastra continuidades y rupturas, entre las cuales identificó la creación del Tribunal Constitucional.
Recordó que en su ámbito este Tribunal es inapelable y que incluso puede declarar la inconstitucionalidad de resoluciones, de sentencias y de casaciones que dictaminaba antes la Suprema Corte de Justicia a través de su sala constitucional.
“Es mandatario, como dijera el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor César Pina Toribio”, sentenció.
Citó que el ordenamiento jurídico es tan importante que la hija mayor suya nacida en Francia nunca ha tenido posibilidad de adquirir esa nacionalidad, ni casi cinco millones de personas de origen argelino de hasta de tercera generación en aquella ocasión, pese a que nunca habían ido a Argelia.
