Esta semana la procuradora General de la República, Miriam Germán anunció con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, un acuerdo para dar cumplimiento al mandato legal que da derecho a los presos preventivos a ejercer el voto en las elecciones.
La idea no es mala, pero se torna irónico el hecho de que la Procuraduría, que es la institución que dirige el sistema carcelario de República Dominicana se interese en que los presos preventivos voten más que en resolver la grave situación que pesa sobre muchos de ellos.
Recientemente, la Oficina de Defensoría Pública dio a conocer un informe donde se destaca que el 70% de los más de 25,000 presos en el país son preventivos; que de los más de 17,000 presos preventivos al menos el 50% ya cumplió su tiempo de presión y siguen encarcelados por asuntos meramente burocráticos. A eso se agrega que el 64% está en condición de hacinamiento. Pero, tienen derecho a votar.
