Las autoridades del Banco Central dominicano (BC) consideran de mucha importancia el gran impacto económico que tiene el sector turístico en República Dominicana. De hecho, se estima que al menos un tercio del crecimiento que muestra la economía es, precisamente, por ese sector.
Sin embargo, la medición del turismo no se centra solo en la actividad hotelera en los polos de destino de visitantes, sino que es enmarcada en un segmento muy diverso que los técnicos de esa institución definen como “hoteles, bares y restaurantes”.
Lo anterior indica que cuando se habla de turismo hay un involucramiento amplio de los viajes terrestres, marítimos y aéreos, las visitas de dominicanos no residentes y de extranjeros, su hospedaje en hoteles, sus visitas a destinos de visitas, consumo en restaurantes, bares, discotecas y cualquier otro centro de entretenimiento formal e informal, entre otros.
No es casual, entonces, que se considera de tanto impacto en la economía esta cantidad de actividades que se pudieran englobar en un concepto más abarcador, que sería “industria del entretenimiento”, más que turismo y mucho más que “hoteles bares y restaurantes”.
Pero, ¿por qué su impacto es tan amplio en la economía? Las razones son diversas, aunque hay una que tiene gran peso, aun cuando no se ve de manera directa: el lavado de activos o de dinero ilícito. Esto así, porque esa “industria del entretenimiento”, que también abarca los casinos, centros de apuestas deportivas y de lotería entre otros juegos de azar legales, ilegales e “híbridos”, se presta de manera favorable para la “limpieza” de dinero con origen ilícito.
Visto de esa forma se pudiera pensar que el Estado, en lugar de destacar el gran aporte e impacto económico de esta actividad, debería establecer mecanismos para controlar las operaciones de lavado a que hacemos referencia, toda vez que se trata de algo ilegal.
Sin embargo, eso tiene otras limitantes: la primera es que el lavado de activos en la industria del entretenimiento, si bien se torna evidente ante la vista de cualquiera que haya un ejercicio de niveles de consumo, precios y otros aspectos versus la condición económica del país, también tiene la dificultad de que se trata de algo difícil de demostrar.
Por ejemplo, en los casos de bares, restaurantes y juegos de azar se mueve mucho dinero en efectivo o transacciones de consumo con tarjeta de crédito o débito, pero con una práctica casi nula de petición de factura con número de comprobante fiscal (NCF) para los fines de reporte de impuestos.
Esto indica que un dueño de bar o de restaurante puede reportar niveles de ventas muy superiores a los que en realidad realizó, llevar una cantidad elevadísima de dinero en efectivo al banco donde está la cuenta de su empresa, debidamente registrada, y la entidad financiera los recibirá e introducirá en el sistema (limpieza inmediata) sin más cuestionamientos, pues la procedencia se asume como legítima.
Puede ser que en algún momento la autoridad tributaria se motive a revisar las operaciones de determinados establecimientos del mundo del arte y el entretenimiento, pero ahí entra otro factor de dificultad o poca motivación para investigar más profundamente: el hecho de que esos negocios, generalmente pagan sus impuestos al día y completos (tal vez para no despertar sospechas o no motivar al fisco a enfocarse en ellos).
Mientras tanto, las operaciones de ese amplio sector del entretenimiento en sentido general continúa operando, amparado en empresas y negocios que son debidamente registrados y “legales”, pues están constituidos como tales, pero que, dados los grandes volúmenes de dinero en efectivo que manejan, sin facturas, con la justificación en los propios clientes que no piden NCF, entonces pueden llevar los grandes paquetes de billetes a depositar en los bancos formales, lo que de manera automática implica el lavado de todo ese dinero.
El punto es que nunca se sabrá si el dinero reportado como ventas es todo fruto del consumo de los clientes o si entró una gran proporción de origen ilícito en el paquete que finalmente llega a la formalidad. Mientras tanto, ganan todos: los dueños de los negocios, los lavadores que los usan directa o indirectamente, los beneficiarios del dinamismo económico que implica su operatividad y el propio Estado con base en los impuestos que recibe.
