Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han llegado este martes a un acuerdo político final sobre el Instrumento Anti-coerción (ACI, por sus siglas en inglés), una nueva herramienta que permitirá a la Unión Europea responder a la coerción económica y, por lo tanto, defender mejor sus intereses y los de sus Estados miembro en el escenario mundial.
El mecanismo, que la Comisión Europea propuso en 2021, está diseñado ante todo para actuar como elemento disuasorio frente a cualquier posible coerción económica aunque si, a pesar de todo, se producen estas presiones, proporcionará cauces para conseguir que el tercer país detenga las medidas coercitivas a través del compromiso.
Sin embargo, si el compromiso falla, la UE también tendrá acceso a una amplia gama de sanciones contra un país que trate de coaccionar a los Estados miembro, como la imposición de aranceles, restricciones al comercio de servicios y restricciones al acceso a la inversión extranjera directa o la contratación pública.
El acuerdo incluye un marco legal para que la UE solicite al tercer país reparar el daño causado por su coacción económica y cubre los arreglos de toma de decisiones, en particular el papel del Consejo para determinar si la UE o un Estado miembro es el objetivo de la coerción económica, así como los plazos para la acción de la UE en virtud del instrumento.
El vicepresidente económico y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha celebrado el acuerdo y ha destacado que envía una “señal clara” de que la UE rechaza toda forma de coerción económica. “Defenderemos con más firmeza nuestros derechos e intereses legítimos”, ha apostillado.
Ahora, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán completar los procedimientos de aprobación del nuevo reglamento antes de que pueda entrar en vigor, previsiblemente, en otoño de este año.
