El tema del déficit estructural de las finanzas públicas –la eterna brecha entre lo recaudado y lo erogado– es de preocupación para el largo plazo de República Dominicana. Nuestro nivel de endeudamiento total es relativamente manejable, pero debido a los bajos ingresos fiscales, el servicio de la deuda (intereses que debemos pagar) en lo relativo al presupuesto gubernamental, a es algo que se torna insostenible.
Ante esta realidad, en los últimos días ha sido introducido en el Congreso Nacional un proyecto para una ley de “Responsabilidad Fiscal”. La finalidad es, en síntesis, introducir reglas generales bajo las cuales el Gobierno Central pueda controlar el gasto en determinados escenarios, con la finalidad de, eventualmente, eliminar el déficit y hasta lograr superávit en sus finanzas.
El mecanismo que propone el proyecto es una limitación en el crecimiento del gasto del Gobierno, básicamente adoptando una tesis de que, a mediano plazo, la economía crecerá a un ritmo mayor al crecimiento del gasto público. De esta forma, como la economía crece (y por ende también las recaudaciones fiscales) en el tiempo, el déficit fiscal se irá reduciendo hasta desaparecer.
En sentido general, es una idea positiva, de introducir limitaciones en el crecimiento del gasto del sector público, pues es una forma de incentivar a mayor eficiencia en la administración de los fondos. Si un gobierno tiene conciencia de que no podrá sencillamente aumentar los gastos de manera desmedida, tendrá que ser eficiente en la forma en que invierte los fondos para poder cumplir con el mandato legal.
Pero es aquí precisamente que no queda claro cuál sería el mecanismo conminatorio para obligar que un gobierno cumpla con este mandato legal. Pues si bien es cierto que estaría consagrado como ley, el presupuesto general de la nación también es ley, y una ley posterior siempre puede supeditar una ley anterior.
Entonces, ¿estamos seguros de que los mecanismos contenidos en este proyecto lograrán su fin?
Algunas personas han recibido con escepticismo este proyecto, pues dicen que es la antesala a una reforma fiscal que tendrá por efecto el aumento de impuestos. Nuestra posición es que es necesaria una reforma fiscal, pero no para aumentar las tasas, sino para ampliar la base y simplificar el cumplimiento del Código Tributario, por lo que esta ley complementaria a cualquier reforma pudiera resultar positiva para dar confianza a la ciudadanía y los sectores productivos de que cualquier aumento de impuestos efectivamente será invertido y no llevará únicamente a mayores gastos fiscales.
Aunque hay algunas dudas y críticas que pueden ser canalizadas respecto al proyecto de ley de responsabilidad fiscal, en sentido general entendemos que es un proyecto que debe ser apoyado y aplaudido.
Los actores del sector privado siempre hemos deseado que se establezcan reglas claras y limitaciones a las facultades del sector público en la erogación de gastos, y un proyecto como este es un paso en este sentido.
Lo que debemos procurar ahora es realizar un estudio profundo, tanto legal como económico, del proyecto de ley, para que el mismo sea mejorado, y de esta forma, cuente con un amplio respaldo para los loables fines que enarbola.
