La industria cinematográfica, por si sola, entre cámara, reflectores y personalidades, logra brillar lo suficiente como para llamar la atención no solo de los seguidores del séptimo arte, sino también de los formuladores de estadísticas de los distintos informes de gobierno.
Si bien ese sector sirve para promocionar tanto la cultura como el arte dominicano, además de ser fuente de empleo e incentivo para el desarrollo de otros sectores, como, por ejemplo, el turismo, representa una “carga” para el fisco.
Aunque en el 2022 movilizó RD$15,170,463,753.84 según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el gasto tributario (GT) estimado para el sector cinematográfico el año fue RD$5,012.5 millones, o el equivalente al 0.1% del producto interno bruto (PIB), tal como detalla un reporte del Ministerio de Hacienda.
El denominado gasto tributario (GT) es el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria. La expectativa es que este sacrificio fiscal sea por lo menos compensado con los retornos positivos de esta actividad en la economía.
Tal como detalla un reporte de este medio, el impacto económico directo de la industria cinematográfica alcanzó los RD$13,332 millones en 2022. De manera indirecta e inducida generó montos adicionales de RD$11,962 millones y RD$5,347 millones, respectivamente, para un total de RD$30,641 millones.
Asimismo, esa industria pagó RD$1,344 millones al Estado dominicano por concepto de impuestos, siendo el ítem “impuesto sobre la renta a personas jurídicas” el que aportó el 57.9%, es decir, RD$779 millones. Por su parte, el “impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados” (Itbis) contribuyó con RD$537 millones y personas físicas unos RD$28 millones.
Sin embargo, tal como el reporte del Ministerio de Hacienda, de los más de RD$5,000 millones en exoneraciones, RD$190.7 millones fueron por concepto de ITBS, RD$4,803.7 millones por ISR y RD$18.1 por patrimonio.
2023
Para este año, las exenciones alcanzan los RD$4,655.5 millones. Tal como detallan desde el órgano estatal, a través de su otorgamiento, el Estado dominicano persigue promover y beneficiar a determinados sectores, áreas geográficas, actividades o contribuyentes, atendiendo a un objetivo de política pública, económica y social. Al mismo tiempo, posterga o disminuye la recaudación de la Administración Tributaria (AT).
