[dropcap]L[/dropcap]uego de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, caracterizadas por una intensa y extensa campaña electoral, quedan por corregir una serie de asuntos vinculados con la economía y las finanzas públicas del país, que fueron pospuestas, precisamente hasta concluir este período que ha de implicar un cambio o al menos una renovación del Gobierno.
En lo inmediato, posiblemente durante el período de transición (16 de mayo al 16 de agosto), el Gobierno debería enfocarse en el reajuste de las finanzas públicas, ya que los excesos en el gasto durante la campaña implicaron el equivalente a más de la mitad del déficit programado para el año completo.
Para poner un ejemplo, hasta marzo de este año, en solo tres meses, el déficit fiscal se ubicó en RD$33,575.3 millones, equivalentes al 44.2% de los RD$75,893.5 millones programados para todo el año.
Eso sin contar su crecimiento en los meses de abril y mayo, lo cual indica que será necesario frenar el gasto público durante la segunda mitad del año o, de seguir el mismo ritmo, acabar con un déficit superior a los RD$120,000 millones.
Pasos a seguir
Pero además de los ajustes inmediatos que deberá hacer el Gobierno, están pendientes las inevitables tareas de corto y mediano plazos como la firma de los pactos Fiscal y Eléctrico, como condiciones previas a la búsqueda de las soluciones a dos problemas que se combinan y que a la vez se tornan en los de mayor peso sobre el aparato estatal en la actualidad.
De un lado, el Gobierno necesita mayores ingresos para detener el constante endeudamiento público en que incurre cada año para cubrir el déficit fiscal presupuestario, mientras de otra parte, los sectores productivos reclaman una mejor calidad del gasto público, no solo reduciéndolo, sino también priorizando su destino.
La economía dominicana medida por el producto interno bruto (PIB) ha crecido favorablemente por encima de todos los países de América Latina (7.3% en 2014, 7% en 2015 y 6.1% en enero-marzo de 2016).
Ese crecimiento también ha estado acompañado de una inflación controlada y un tipo de cambio favorablemente estable.
Sin embargo, el crecimiento ha estado sustentado en un creciente endeudamiento. Desde diciembre de 2012 hasta febrero de este año, la deuda del sector público no financiero aumentó en US$5,335.2 millones, eso es un 27.4%, al pasar de US$19,463.3 millones a US$24,798.5 millones.
Cuando se agrega a esa deuda la que pesa sobre el Banco Central por la emisión de certificados, entonces pasa a US$33,675.3 millones, equivalente al 48.9% del PIB.
Para los analistas económicos; tanto independientes como del propio gobierno, el ritmo de crecimiento de la deuda pública como elemento para cubrir un déficit fiscal que cada año ronda el 2.5% del PIB es insostenible.
De ahí la necesidad de ajustar las finanzas públicas y agenciarse mayores ingresos, a través de un pacto fiscal que traerá consigo una inevitable reforma fiscal con las siguientes alternativas: ampliar la base imponible de impuestos existentes, crear nuevos impuestos, aumentar tasas de gravámenes vigentes y eliminar exenciones a algunos sectores. Puede ser que la reforma implique una combinación de esas cuatro alternativas o la aplicación de todas.
En cuanto al Pacto Eléctrico, su necesaria concreción es para buscar alternativas que permitan al Gobierno liberarse de la erogación anual de un subsidio que si bien ha bajado coyunturalmente este año por los bajos precios del petróleo, se constituye en una carga anual equivalente a por lo menos RD$800 millones cada año.
Electricidad: Una alternativa costosa
Como una forma de reducir los costos de la energía y solucionar en parte la crisis eléctrica, el presidente Danilo Medina decidió optar por la construcción de una planta a carbón mineral que ha de costar más de US$2,000 millones y se ha visto plagada de toda clase de cuestionamientos, debido a supuestas irregularidades en la licitación para adjudicar la obra a la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, lo cual ha provocado a su vez la suspensión de los financiamientos que se habían contratado para su terminación.
El Gobierno ha tenido que frenar el ritmo de construcción de las plantas y los pocos trabajos que se realizan es con recursos propios, obtenidos mediante el sacrificio de otras áreas donde se necesitan recursos. Las dificultades que han impedido la obtención de créditos para esa mega planta de 720 megavatios se combinan con su sobrevaluación y las limitaciones de recursos para inyectarle.
Con el Pacto Eléctrico el Gobierno podría consensuar con el sector privado fórmulas para terminar la obra y a la vez renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid, que vencen, precisamente, a mediados de este año.
Reforma fiscal incompleta
A finales de 2012, con el inicio del nuevo gobierno, el presidente Danilo Medina logró la aprobación de una reforma fiscal que se caracterizó por su condición de urgente para cubrir parte del déficit fiscal heredado de la gestión anterior.
Con esa reforma el Gobierno esperaba aumentar sus ingresos y llevar la presión tributaria a por lo menos un 16% del PIB. Sin embargo, los cambios a determinados gravámenes, sumados a la no aplicación de otros, implicó que el recaudo se quedara en no más de 14.4% del PIB al cierre de 2015.
De hecho, en los tres años que lleva de aplicación la reforma fiscal (Ley 253-12) junto con la amnistía fiscal (Ley 309-12) que se aprobó como acompañamiento (2013 a 2015), el Gobierno ha captado en total RD$64,513 millones.
Eso es en tres años, mientras que el déficit fiscal supera los RD$75,000 millones.
Esa condición deficitaria es cubierta con el aumento de la deuda pública en proporciones similares, lo cual se combina con los vencimientos de intereses y capital de esa misma deuda por montos que rondan los RD$100,000 millones cada año, para un total de contratación de deuda anual de RD$175,000 millones. Un poco más, un poco menos. El Pacto Fiscal es una tarea en procura de enfrentar esa situación.
Parte del déficit y la deuda le fueron cargados al Banco Central
Entre las tareas pendientes para el nuevo gobierno en procura de mejorar sus finanzas públicas con el incremento de ingresos, reducción de gastos y freno del creciente endeudamiento público interno y externo, está el cumplimiento de la Ley de Recapitalización del Banco Central.
A raíz de la necesidad de reducir el déficit fiscal a finales de 2012, el Gobierno decidió bajar las partidas de recapitalización al Banco Central de 1.3% del PIB anual en promedio, a 0.7%. Eso indica que, en la práctica, el Gobierno ha estado traspasando al Banco Central una parte del déficit fiscal equivalente al 0.6% del PIB. A causa de esa situación, el Banco Central ha tenido que aumentar el ritmo de emisión de certificados, es decir, de deuda interna como medida de política monetaria.
Hasta abril de este año los certificados del Banco Central (deuda del sector público financiero) sumaban RD$406,338.5 millones, que equivalen a alrededor de US$8,876 millones.
Calculados en dólares el nivel de los certificados del Banco Central ha aumentado en un 38% de diciembre de 2012 a abril de este año. Si se calculan en pesos, entonces el aumento porcentual es de 60.6%.
Déficit fiscal y cuasi fiscal
La deuda del Banco Central genera intereses que son definidos como déficit “cuasi fiscal” y con base en el monto actual de los certificados implicará pagos por el orden de RD$58,950 millones. Si a ese monto se le agregan los RD$75,893.5 millones de déficit fiscal del Gobierno, entonces se tiene que el déficit consolidado se monta en RD$134,844.4 millones (alrededor de 4.5% del PIB).
Ese déficit fiscal consolidado, más el de 48.9% del PIB como deuda pública general, son también tareas pendientes que en materia económica deberá enfrentar la nueva gestión.
