Aumenta la expectativa de gravar el transporte marítimo, una medida con la que se prevé pagar la “factura del clima” y que abordará la Organización Marítima Internacional (OMI) en una reunión la semana que viene, donde los países también podrán fijar objetivos para descarbonizar esta industria, responsable de un 2.9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, los expertos ven cómo la propuesta que aboga por un impuesto que comience en US$100 la tonelada de C02 ha logrado mucha más atención política a raíz de la sugerencia, a iniciativa de pequeños Estados insulares, de que la medida sirva para financiar el fondo de pérdidas y daños que los países acordaron crear en la cumbre del clima de la ONU en Sharm el Sheij (COP27), el pasado diciembre.
El Banco Mundial estima que un impuesto sobre el carbono para el transporte marítimo podría recaudar entre US$50,000 y US$60,000 millones al año, una cantidad que serviría para aliviar el impacto de la crisis climática en los países más vulnerables, a quienes los estados ricos -los mayores responsables del calentamiento– prometieron ayudar y buscan maneras nuevas de recaudar financiación.
Así, la medida gana cada vez más apoyos: en la cumbre que acogió París este mes, promovida por el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para convenir un nuevo pacto financiero mundial, más de 20 países se mostraron a favor de la tasa al transporte marítimo, según informó la presidencia.
La presidencia citó a Dinamarca, Noruega, Chipre, España, Eslovenia, Mónaco, Georgia, Vanuatu, Corea del Sur, Grecia, Vietnam, Lituania, Barbados, Islas Marshall, Islas Salomón, Irlanda, Mauricio, Kenia, Países Bajos, Portugal, Nueva Zelanda y la Comisión Europea.
El sector del transporte marítimo, pese a su responsabilidad en la crisis climática (sus emisiones superan incluso las de la aviación internacional), ha estado tradicionalmente eximido de pagar por contaminar en marcos como el mercado europeo de emisiones, hasta que la reciente reforma de este régimen, incluida en el paquete climático “Fit for 55”, decidió obligar a los buques a adquirir estos permisos.
Así, a partir del año que viene los barcos que viajen entre puertos europeos deberán pagar por la totalidad del CO2 que emitan y aquellos que lo hagan entre puertos de la UE y los de otros países deberán asumir el coste del CO2 emitido en la mitad del trayecto.
Con este precedente, hay especialistas que tienen la esperanza de que, en el encuentro que entre el 3 y el 7 de julio reunirá en Londres a los miembros de la OMI, los Estados pacten el impuesto global por el carbono de los buques, así como que incrementen sus metas de reducción de emisiones para 2050 y que fijen una para 2030.
Actualmente, la OMI aspira a reducir al 50 % las emisiones GEI de los barcos de aquí a mediados de siglo, un objetivo “que no es coherente con el Acuerdo de París, el cual pide alcanzar la neutralidad climática en carbono lo antes posible”, recuerdan desde la oenegé medioambiental centrada en los océanos Ocean Care.
El experto de Ocean Care Carlos Bravo considera que este año puede ser decisivo para avanzar en este sentido, y arguye que, además de la reforma del mercado europeo, el acuerdo global por la biodiversidad acordado el pasado diciembre en la COP15 de Montreal, seguido de la aprobación en marzo del llamado Tratado de Altamar, que acaba de adoptar la ONU, va a incidir positivamente en las negociaciones.
