El gasto social aparece mucho en los discursos y no es para menos, es uno de los principales atractivos para captar a los electores, especialmente en tiempos de campaña. Como parte de la contabilidad pública, el gasto social siempre está contenido en el presupuesto anual de la nación, en la denominación funcional y está orientado fundamentalmente a responder a los requerimientos de los ciudadanos en materia de sus necesidades básicas, a fin de conseguirles una vida más digna, prolongada, productiva, creativa, recreativa y sana.
Se puede afirmar que el gasto social es la expresión financiera del contrato social público, al tiempo de ser el instrumento clave de las ejecutorias de las políticas públicas, en particular por su rol en promover la cohesión social y la posibilidad de agenciar la salida de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Se puede afirmar que expresa la voluntad de una gestión gubernamental en materia de la importancia que tiene en su agenda.
El gasto social en la clasificación presupuestaria funcional abarca los recursos que se destinan a la vivienda, salud, educación, actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, así como, a la protección social vinculada a la equidad de género, juventud, incapacidad, edad avanzada, entre otros aspectos.
Los montos de los recursos públicos que se destinan al gasto social deben tener el objeto de crearle oportunidades a la población de menores ingresos y el mismo no debe estancarse, mucho menos retroceder, por el contrario, debe progresar, especialmente si se hace con altos niveles de calidad para promocionar el desarrollo humano requerido y deseado por todos.
En términos de su dimensión, el gasto social es importante porque tiene impactos sobre la estabilidad económica, estimula la economía por la vía de la demanda, puede reducir la pobreza y la desigualdad, también, elevar la calidad del capital humano, contribuyendo a mejorar la productividad y competitividad, al tiempo, además, de mejorar la calidad de vida y elevar la inclusión social, como manera de reducir la marginalidad.
Fuera de la retórica, los gobiernos deben hacer mayores esfuerzos para identificar las formas de incrementar el gasto social y determinar los impactos positivos de los referidos aumentos.
En ese desafío se encuentra el gasto social de la República Dominicana y para muestra solo basta un botón. En el año 2022 el gasto en salud como porcentaje del tamaño de la economía fue de 1.9% del producto interno bruto (PIB) y para este 2023 será de un 1.7%, también del PIB; mientras que, los hospitales no tienen ni para la higiene básica de un centro de salud, mucho menos para los medicamentos e instrumentos médicos para atender a la población enferma que acude a recibir el servicio como parte de su derecho.
Dentro del ranking de países de la región que destinan recursos al sector salud, la República Dominicana se encuentra en los últimos lugares del gasto en sanidad como porcentaje del PIB. La lista la encabeza Cuba, seguida de Argentina, Uruguay, Brasil, México, Chile, entre muchos más.
Previo a la pandemia por la covid-19, el gasto social promedio en América Latina se situaba en un 13.8% del PIB. Más recientemente, para el 2022, los países que encabezan el referido indicador son Chile, Colombia y Costa Rica, el primero con un 19.6%, el segundo, 15.2% y el tercero, 14.5%.
A la República Dominicana nada bueno le ha ocurrido que ayude a mejorar su posicionamiento en el ranking de países que destinan gasto social como porcentaje del PIB; por el contrario, muestra reducción, a pesar de que en general la economía ha crecido.
El PIB del país en valores nominales en el 2019 era de RD$4 billones 562,235 millones, en el 2020 cayó a RD$4 billones 456,657 millones, en el 2021 subió a RD$5 billones 392,714 y más recientemente en el 2022 se elevó a RD$6 billones 260,564 millones. Desde el 2019 al 2022, creció en un 37.2%.
El gasto social en vez de transitar el camino del crecimiento en la economía dominicana ha retrocedido en los últimos años, de manera que, en la actualidad el gobierno gasta menos a favor de los pobres respecto a lo que se gastaba antes. En el 2021 el gasto social fue de un 8.74% del PIB, en el 2022 de un 8.42% y en el 2023 proyectamos será de un 8.32%, ambos del PIB.
Para el caso particular del 2020, en donde el gasto social/PIB alcanzó el nivel más alto, 12.21%, debido a su rol anticíclico, en el que la economía se paralizó por la pandemia y se activaron importantes programas sociales, a fin de mitigar los efectos adversos de la caída del empleo y la economía.
Con relación al 2019, previo a la pandemia originada por el coronavirus, el gasto social/PIB, se ubicó en un 7.58%, inferior al de los años siguientes; sin embargo, la disminución que se ha apreciado durante el periodo 2021-23, señala una tendencia hacia posicionarse en los niveles precovid-19, en la medida que se han ido desmontando los programas sociales.
Mientras el referido gasto muestra una disminución, la economía ha continuado expandiéndose en términos nominales y el gasto público social a favor de los sectores más pobres del país no se han beneficiado del crecimiento económico, dato que permite inferir que la inclusión social y el progreso lejos de avanzar se aleja, al menos alentado por la mano amiga de la acción gubernamental.
