[dropcap]A[/dropcap]nte la conclusión del certamen electoral, resulta necesario evaluar los temas de importancia nacional que deben ser abordados luego del 16 de agosto del presente año.
En materia de justicia, en primer orden se encuentra el mandato de la Constitución de la República sobre la renovación de los miembros de las altas cortes -Suprema Corte de Justicia (SJC), Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal Superior Electoral (TSE)- durante los próximos años. Por igual, debe ser renovada la matrícula de la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano competente para la designación de los miembros de las altas cortes es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual está integrado por el presidente de la República, y los del Senado, de la Cámara Diputados y de la SCJ. Además, por un senador y un diputado que representen al partido que ostente la segunda mayoría en sus respectivos hemiciclos; un Juez de la SCJ; y el Procurador General de la República. Por ende, de sus seis miembros partidarios (es decir, excluyendo a los de la SCJ, que se supone deben ser imparciales), se espera que 4 serán miembros del PLD y dos del PRM.
En cambio, la designación de los miembros de la JCE es una función del Senado, hemiciclo en el cual el PLD ostenta la representación de 28 de los 32 escaños.
En el año 2016, el CNM deberá renovar o ratificar en sus cargos a la matrícula completa del TSE, ya que el período por el cual fueron designados los miembros actuales concluye el 16 de agosto del presente año.
Por igual, el CNM deberá sustituir a los jueces de la SCJ y el TC que hayan cumplido la edad límite de membrecía en esos órganos, que es de 75 años de edad, conforme al mandato Constitucional. También, durante el año 2016, el Senado deberá abocarse a la revisión de la totalidad de la membrecía de la JCE.
Para el 2017, el CNM deberá considerar la sustitución o ratificación de cuatro magistrados del TC (aquellos que fueron nombrados por un período de seis años en el 2011). Luego, en el 2018, el CNM también deberá analizar la sustitución de los jueces de la SCJ, cuyo mandato de siete años vence durante este año.
En estos inaplazables procesos a los que se abocará nuestro país, es importante que el partido mayoritario adopte una actitud de equilibrio y sensatez para mantener el orden constitucional.
Por igual, debe imperar el criterio de identificación y designación de profesionales capacitados e independientes como miembros de las altas cortes y de la Junta Central Electoral.