[dropcap]N[/dropcap]o hay duda de que la ignorancia somete a los pueblos. Los productores de leche iniciaron una campaña para pedir al Gobierno que frene la importación masiva de productos lácteos (quesos y leche) porque les afecta, especialmente porque se deprimen los precios internos en las fincas.
El ministro administrativo de la Presidencia, Jose Ramón Peralta, anunció que de ahora en adelante las autoridades no permitirán la entrada al país de productos lácteos importados sin su etiqueta en idioma español ni registro sanitario. A confesión de partes, relevo de pruebas. Es una admisión explícita de que las leyes son letra muerta y que los funcionarios, obligados a aplicarlas, la desconocen o simplemente son incompetentes.
Pero lo “más bello del caso” es que los ganaderos aplauden el anuncio oficial, cuando lo que manda es reclamar el cumplimiento de las leyes. No hay que felicitar a ningún funcionario porque cumpla la ley, pues, “se supone”, que esa es su obligación y la aceptó cuando juró desempeñar el cargo.
Y leyes que hablen de normas de etiquetado y rotulación sí que hay muchas en el país, lo que demuestra que el problema no está en la cantidad de instrumentos jurídicos, sino en la calidad de quienes deben hacerlas cumplir.
Aquí algunos ejemplos: Salud Pública, ProConsumidor, Indocal, Industria y Comercio, Nordom 53 y otras tantas se refieren específicamente a cómo deben estar envasados y etiquetados los alimentos.
El artículo 41, de la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor, es muy explícito: ProConsumidor y Digenor (Ahora Indocal) establecerán, mediante reglamento, los plazos mínimos previos a la fecha de expiración que deberán ser satisfechos para la importación de los bienes perecederos.
También advierte a no autorizar el despacho de importación de productos de consumo que no cumplan con este requisito, que no tengan registro sanitario, que no tengan fecha de expiración, cuya fecha de expiración se encuentre vencida, cuyas etiquetas o rotulados no estén por lo menos en idioma español o que no tengan las advertencias de salud conforme a las normas vigentes, cuando corresponda.
¡Caramba! Así no. Los productores nacionales tienen todo el derecho a reclamar que las etiquetas de los productos importados estén en español, pero tampoco se ve bien que un funcionario, y en este caso alguien a quien no compete el asunto, sea quien tome la batuta, lo que se convierte en una demostración más de la falta de institucionalidad.
Y como si no existieran leyes que digan qué hacer en cada caso, se acordó que una comisión de técnicos se reuniría para definir cómo se aplicará la resolución a adoptar, de modo que no afecte los tratados de libre comercio. ¡El colmo de los colmos!
La tapa al pomo viene ahora. En el encuentro participaron los ministros de Agricultura, Ángel Estévez; de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, y de Salud Pública, Altagracia Guzmán, así como el director ejecutivo de Conaleche, Arnaldo Gómez, y representantes de ProConsumidor, la Dirección de Aduanas y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).
Para cerrar el telón, la declaración de Eric Rivero, presidente de Confenagro: “El sector ganadero está de pláceme, por lo que felicita al Gobierno dominicano por esta iniciativa, que no es más que cumplir con la ley, algo que habíamos pedido desde hace varios años y vemos que hoy está en vías de concretizarse. ¡Aplausos!
