Las discusiones, especulaciones y preocupaciones en torno al eventual “pacto fiscal” han provocado ansiedad en muchos sectores, principalmente por la incertidumbre del impacto que tendría el componente tributario de dicho pacto.
De acuerdo con un análisis de Nassim José Alemany, socio de Economía de la firma Deloitte, para incrementar los ingresos del gobierno, y poder cumplir con los compromisos económicos y sociales que demanda la sociedad, muchas veces se habla de ampliar la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), por ser el principal componente del gasto tributario del Estado.
Las exenciones generales del ITBIS se estiman en RD$86,805 millones (2.7% del PIB), compuestas principalmente por el impuesto que no se paga en algunos alimentos, en los servicios de salud y en la educación. El resto de las exenciones del ITBIS, clasificadas como específicas, comprende lo que no se paga en turismo, concesiones públicas, compras por internet, contratos mineros, entre otras. Estas suman unos RD$16,613 millones adicionales (0.5% del PIB).
A pesar de que los productos exentos de ITBIS son los mismos para todos los consumidores, su impacto directo en el bolsillo es distinto. La composición del peso de los impuestos es muy diferente dependiendo de quién consume.
Destaca que más del 50% de los productos y servicios consumidos por las personas de menor ingreso corresponden a productos exentos de ITBIS, principalmente por los alimentos. La ponderación de los productos exentos dentro del gasto total se reduce a medida que aumenta el ingreso, llegando a sólo 38% en el último quintil.
Entre los productos gravados, de acuerdo con el análisis de Alemany, se incluyen aquellos con ITBIS general y diferenciado (tasa del 16%), así como los combustibles, ya que a pesar de que no pagan ITBIS, tienen un impuesto Ad-valorem que los hace pagar casi la misma cantidad y pesan mucho dentro de la canasta.
Dada esa estructura de consumo, una ampliación de la base (que sin dudas tiene muchos beneficios), debe ir acompañada de otros mecanismos de compensación para mitigar el impacto en el ingreso disponible de la clase media y baja.
