Los tres artículos que escribí sobre administración de riesgo los inicié antes del fatídico suceso de San Cristóbal, en el cual fallecieron casi 40 personas y numerosos individuos resultaron heridos, sin contar aquellos que experimentarán secuelas emocionales a lo largo de sus vidas debido a este incidente. Además, debemos tener en cuenta las pérdidas económicas y los gastos que tanto los afectados como el Estado deberán afrontar en el presente y futuro para remediar estas pérdidas.
Ahora bien, ¿cuántos recursos y vidas podrían haberse salvado con una adecuada supervisión para prevenir que este y otros eventos similares ocurrieran con tantas víctimas y daños involucrados? ¿Quiénes son los responsables de establecer las reglas bajo las cuales debemos operar en un entorno socioeconómico dinámico y caótico en constante crecimiento? Estas son las preguntas que debemos plantearnos en busca de soluciones.
Este último fin de semana, ocurrió otro trágico episodio, esta vez en el recurrente sector transporte, con casi una docena de personas fallecidas, numerosos heridos y pérdidas económicas considerables, además de las lesiones permanentes que afectan a muchas familias dominicanas. Lamentablemente, no pasa una semana sin que tengamos que lamentar la pérdida de nuestros compatriotas debido a la falta de supervisión en los procesos de los servicios y las actividades humanas que involucran fuerza, movimiento y energía.
Siempre me pregunto por qué los políticos desean llegar al poder, si pocos cumplen con la promesa de trabajar en beneficio de su pueblo, protegiéndolo, educándolo, desarrollándolo, entre otras cosas. Están plenamente conscientes de los males y las dificultades que enfrenta la sociedad, y basan sus promesas de campaña en estas cuestiones. Sin embargo, una vez que acceden a las alcaldías, al congreso o al poder ejecutivo, parece que sufren de amnesia. Entiendo que los recursos del Estado no son ilimitados y no pueden resolver todos los problemas, pero precisamente por eso necesitamos líderes con capacidad de gestión, conciencia y valentía para llevar a cabo las tareas más urgentes.
Todos sabemos, y de hecho, nuestras leyes lo establecen claramente, cuáles son las actividades socioeconómicas en las que el Estado debe asumir la responsabilidad de supervisar. Me atrevo a afirmar que esto no se debe a la falta de dinero, recursos o conocimientos. La razón principal radica en la falta de valentía y responsabilidad, pero también en la falta de sanciones.
No es que falten recursos al Intrant o a la DGII para exigir a los conductores que realicen la revisión técnica vehicular y adquieran un seguro antes de otorgarles el permiso de tránsito (placa). Tampoco escasean los recursos para que Obras Públicas y los ayuntamientos supervisen las construcciones, ni para que Salud Pública supervise los laboratorios, alimentos y profesionales de la salud, entre otros aspectos. En cambio, puede que los bomberos carezcan de recursos para supervisar los eventos públicos y proteger a los ciudadanos, porque así lo contactamos cuando se le llama para prestar asistencia cuando fallan otras instancias de supervision.
