[dropcap]L[/dropcap]a posible reducción de exenciones fiscales, ampliación de base imponible de impuestos y aumentos de tasas impositivas existentes son las opciones con que cuenta el Gobierno para dar paso a una reforma dentro del Pacto Fiscal sin crear nuevos gravámenes.
Pero cuando se analiza el monto de las exenciones fiscales (gasto tributario) que ha estimado el Ministerio de Hacienda para este año (RD$212,378.6 millones) se tiene que por lo menos el 47% (RD$99,679.5 millones) de esas facilidades benefician directamente a las personas físicas, no a las empresas, por lo que su ajuste o eliminación tendría un efecto social negativo.
El Gobierno ubica las exenciones fiscales directas a personas físicas en RD$66,004.3 millones. Esto incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) interno, como consumo de los hogares; además del ITBIS externo, arancel e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a mudanzas y gracia navideña.
También están en esas exenciones el ISR a personas físicas: deducción de gastos educativos, exención al salario de Navidad, exención de intereses percibidos en el mercado de valores, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) a propietarios únicos mayores de 65 años de edad y exención a propiedades en zonas rurales.
En esos capítulos, cualquier variación de tasas o ampliación de bases afectaría directamente a la población trabajadora común y más pobre del país.
En forma adicional, Hacienda presenta entre los montos de las exenciones fiscales RD$19,084.2 millones del ITBIS no cobrado en el sector salud (servicios y medicamentos), así como otros RD$10,620.0 millones en educación.
Frente a esas estimaciones de gastos tributarios surge la pregunta: ¿está el Gobierno en condiciones de plantear el cobro del ITBIS a los servicios de salud, medicamentos, servicios educativos y libros de texto?
Otra partida que el Gobierno ubica entre sus gastos tributarios o exenciones fiscales es la de RD$3,971 millones por concepto de facilidades en las compras por Internet.
Ese capítulo beneficia directamente a consumidores de clase media, por lo que su eliminación no afecta a los empresarios, sino a las personas que aprovechan esa facilidad para comprar bienes más baratos.
Exenciones fiscales a empresas
Visto lo anterior, se tiene que el resto de las exenciones (53% igual a RD$112,699.1 millones) sí se aplica al sector empresarial y es de ahí de donde podrían identificarse algunos capítulos para su revisión y posterior desmonte parcial o total.
Sin embargo, muchas de esas exenciones al empresariado también benefician de forma indirecta a las personas físicas, lo cual implicaría una inevitable afección a los consumidores. Entre esas exenciones están, por ejemplo, las que se conceden al sector industrial a través de ITBIS y de aranceles en las materias primas, cuya eliminación afectaría la productividad de esos sectores y afectaría en precio final.
Pero hay otras partidas en las que el Gobierno podría tener margen para captar ingresos como en las exoneraciones por RD$37,249.5 millones que concede a las empresas de zonas francas, o los RD$20,445.5 millones que dejan de pagar las empresas de generación eléctrica por “facilidades” del Estado.
También están las facilidades impositivas que por RD$6,703 millones el Estado le concede a las empresas de minería (especialmente a Barrick Pueblo Viejo), así como los RD$21,840.5 millones que Hacienda ubica en el capítulo “Otros” en donde se incluyen los créditos de ISR para empresas, así como la exclusión temporal de las sociedades intensivas de capital, entre otros aspectos.
El ITBIS en la mira
Cada vez que se plantean reformas fiscales los estrategas piensan en el ITBIS. No es para menos. Ese gravamen es el que mayor cantidad de ingresos le ofrece al Estado, pero es a la vez donde hay más evasión y, paradójicamente, más exención.
De hecho, el Ministerio de Hacienda estima que el 48.7% (RD$103,418.1 millones) de las exenciones fiscales que dará el Estado este año es por concepto del ITBIS.
El problema es que su aplicación tiene efectos demoledores sobre los consumidores más pobres, por el carácter regresivo de ese gravamen. Por eso, a la hora de proponer una ampliación de la base imponible se impondría una reducción de la tasa, que actualmente es diferenciada en 16% y 18%.
La ampliación de la base permitirá reducir su evasión, pero a la vez afectaría a más bienes y servicios como la educación y la salud, por lo que su efecto pesaría negativamente sobre la población más vulnerable.
Otro campo en el que el Gobierno concede amplias exenciones y no se realizan las auditorías correspondientes para medir su efectividad es el de los combustibles. Para este año se estima que la exención del impuesto selectivo al consumo (ISC) de hidrocarburos a empresas y transportistas ronda los RD$25,026.3 millones.
Hay denuncias de que una proporción importante de los combustibles exonerados se vende de contrabando.
Presión tributaria
Las recaudaciones que obtiene el Estado a través del cobro de impuestos y otras cargas tributarias suman un monto que se conoce como la presión tributaria y se mide como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Así, si la economía medida por el PIB suma 200 pesos y el Gobierno recauda dentro de esa economía 30 pesos, entonces la presión tributaria es de 15%.
Entonces, la meta del Gobierno para esta fecha era que la presión tributaria se ubicara en al menos el 16% del PIB. Sin embargo, para este año se estima que no pasará de 14%.
El Gobierno también estima que para este año el monto de las exenciones fiscales, conocidas como gasto tributario, será equivalente al 6.5% del PIB. Si esas exenciones bajaran a 4.5%, entonces la presión tributaria subiría a 16% (en teoría).
El Gobierno busca la forma de establecer mecanismos que garanticen un mayor nivel de ingresos (reforma fiscal).
