La opinión pública se ha rebosado en conversaciones referentes al Pacto Fiscal. La Asociación de Industrias (AIRD) ha sido tan explícita como el sol del mediodía: no hay que apresurarse ni dejarse arropar en iniciar un proceso cuando aún no se han cerrado otros temas impostergables.
Y los industriales tienen razón. No es casual que la Estrategia Nacional de Desarrollo estableciera como orden de prioridad el Pacto Eléctrico antes que el Fiscal, ya que sin resolver el problema financiero del sector eléctrico es muy difícil llegar a decisiones fiscales certeras.
El Gobierno debe actuar con inteligencia y afinar el oído, colocando las prioridades donde realmente deben estar. Nadie se atreve a negar que el sistema tributario dominicano es un verdadero reto, que es complicado y no facilita la inversión.
Sin embargo, primero lo primero. Ningún bebé corre antes que gatear y caminar. La Estrategia Nacional de Desarrollo es una guía perfecta para identificar las prioridades. Si realmente se necesitan más recursos para pagar la deuda social e histórica que hay con la ciudadanía, también es importante admitir que quienes gastan, en este caso el Gobierno, está en la obligación de dar, más que señales, pruebas contundentes de que está dispuesto a asumir su cuota de sacrificio.
“El sector empresarial ha sostenido y así lo hemos acordado con las autoridades, que antes de iniciar cualquier discusión relativa al Pacto Fiscal se debe culminar el Pacto Eléctrico que nos conduzca a una reforma del sector eléctrico consensuada, que permita la eliminación o reducción sustancial del déficit en el sector eléctrico y que, por lo tanto, reduzca significativamente el déficit fiscal”, afirmó el presidente de la AIRD, Campos de Moya, en una reciente declaración de prensa.
Y es factible recordar que nadie debe confundirse. Un pacto por una fiscalidad más equitativa no significa hablar de subir o crear impuestos, a lo que también se han referido fuentes oficiales; de lo que se trata es de alcanzar el consenso que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, a fin de trazar la ruta hacia el bienestar de todos.
A lo que el Pacto manda es a reducir la evasión, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público; a elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria; a consolidar en el Código Tributario los regímenes de inventivos; a racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos; a elevar la presión tributaria para viabilizar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles; a cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales; y a elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
La prisa por un Pacto Fiscal no viene del sector empresarial, que lo único que pide es completar otros procesos pendientes de gran impacto social y económico. Una de las variables más observadas en el Estado establece que es posible hacer algunos recortes.
Entre 2012 y 2016 el gasto real en remuneraciones (salarios, sueldos e incentivos), pasó de RD$24,953.4 millones a RD$39,548.9 millones, una diferencia absoluta de RD$14,595.5 millones, para un aumento relativo de 58.5%. Y que se sepa, el tamaño de la economía y la productividad pública ha crecido en esa misma proporción.
