Una revisión bibliográfica permite observar el avance que han tenido las cooperativas en el mundo, su contribución al desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo, y su aporte para que comunidades enteras hayan logrado superar niveles de pobreza y marginalidad.
Ha sido tal la expansión y crecimiento de las cooperativas a nivel mundial, que llama la atención del Grupo de los 20 (G20), principal foro de cooperación económica internacional compuesto por las veinte económicas más importantes del mundo, por lo que fueron invitadas a formar parte de la edición número 18 de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada recientemente en Nueva Delhi, en la India.
Pero la importancia de las cooperativas, y en particular, las de ahorro y crédito, no solo está sustentada en su desempeño de los últimos 200 años, también en la existencia de un modelo cooperativo que empodera a personas y comunidades para que puedan superar condiciones de vulnerabilidad, generar empleos, riquezas y oportunidades de desarrollo, a partir de una matriz democrática, equitativa y solidaria (ACI, s/f). De ahí la necesidad de que, según lideres del G20, se diseñen políticas públicas que posibiliten un marco de apoyo que les asegure un mayor espacio para su desempeño de bienestar social.
Según la Alianza Cooperativa Internacional, “más del 12% de la población mundial es cooperativista de alguna de las tres millones de cooperativas del planeta que generan aproximadamente 2.14 billones de dólares y suministran los servicios y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las cooperativas generan alrededor de 100 millones de puestos de trabajo. Más allá de estos datos, se debe recordar que las empresas cooperativas son propiedad de sus miembros, dirigidas por ellos y al servicio de éstos.
Todo lo anterior viene a cuento a raíz de las investigaciones que, desde hace varios meses, lleva a cabo la Procuraduría General de la República y que tuvo como resultado el apresamiento y sometimiento a la Justicia de los principales ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito de Herrera (CoopHerrera), en donde se habría detectado, presumiblemente, un desfalco de cerca de 2,500 millones de pesos.
Se puede deducir que en ese entramado fraudulento la participación mayoritaria de los órganos de dirección era absolutamente necesaria, en donde la gobernanza democrática fue evidentemente sustituida por esquemas que nada tienen que ver con el sano modelo cooperativista que se ha desarrollado en el país y que ha permitido que este sea un sector creíble, pujante y dinámico.
Lamentablemente, este penoso hecho va a conducir a que se acelere el proceso de aprobación de una regulación comercial de las cooperativas de ahorro y crédito en el país, pues se demostró que no fue suficiente la supervisión del Idecoop como órgano que regula a este tipo de entidades, sino que se hace necesario el establecimiento de instrumentos y mecanismos que aseguren un manejo adecuado de los fondos de terceros.
Sin embargo, se deber reiterar que, a pesar de lo ocurrido con CoopHerrera, conviene continuar apostando al modelo cooperativista que se ha instalado en todo el país, pues la función social que realizan las cooperativas, así como su aporte a la formación del producto interno bruto de la nación, tiene mayor peso que este caso aislado.
