Los recientes acontecimientos que han llevado a la operación Búho por la Procuraduría, con el arresto de 7 ejecutivos de Coopherrera, no son noticias que beneficien al movimiento cooperativo.
Más de 2,500,000 dominicanos han depositado sus esperanzas en el COOPERATIVISMO, que representa más del 10% del Producto Interno Bruto, movilizando unos RD$230 mil millones en la economía cada año, con la participación de alrededor de 2,200 cooperativas y aproximadamente 500,000 empleados fijos.
Las cooperativas tienen una sólida base en la economía social, un modelo empresarial basado en la solidaridad, el compromiso y la participación de las personas en la gestión de la empresa. Tienen un impacto mayor en la lucha contra la pobreza y la desigualdad que prevalecen en nuestras regiones, lo que obliga a nuestros gobiernos a ser celosos en la protección de la salud integral de las cooperativas.
Dado el crecimiento significativo que ha experimentado el cooperativismo y los profundos cambios sociales que estamos viviendo, es urgente realizar modificaciones a nuestra Ley 127, que data de 1963. Esto permitirá establecer un marco regulatorio más sólido para proteger al sector de actividades que van en contra de los objetivos generales del cooperativismo. En muchos casos, algunos pretenden evadir regulaciones de otros sectores e incluso se involucran en actividades de lavado de dinero, lo cual debemos prevenir, especialmente considerando que estamos sujetos a la Ley 155.
Muchos entendemos que las cooperativas son la organización ideal para combatir la desigualdad, la pobreza y la injusticia social. Tanto las cooperativas de producción como las de crédito y ahorro fomentan la participación social en el trabajo colectivo y en la distribución de excedentes. Además, es fundamental cumplir con los principios del cooperativismo, como la inversión en educación, integración y la sostenibilidad del medio ambiente, entre otros.
Otro aspecto que debemos fortalecer en el movimiento cooperativo es la cooperación entre las propias cooperativas. En este sentido, hago un llamado a los líderes del sector. No podemos permitir que elementos ajenos oportunistas se acerquen al sector en busca de beneficios individuales, ya que esto afecta la imagen y la reputación de las cooperativas. Si bien es responsabilidad del regulador abordar esta situación, todos somos conscientes de que en la mayoría de los casos no se han tenido los recursos adecuados para hacerlo.
Todos los cooperativistas deben estar alerta y trabajar juntos para proteger el movimiento de elementos extraños que puedan perjudicar los intereses del cooperativismo. La mejor acción que podemos tomar es exigir el cumplimiento de los principios que nos guían, fortalecer la integración y cooperación entre las cooperativas, intensificar la educación de los socios y esforzarnos por involucrar a más dominicanos en las actividades del cooperativismo.
