Con la proximidad del 2024, en el que será protagonista una contienda electoral, Panamá se encuentra en una encrucijada económica con retos significativos que podrían moldear su panorama financiero y laboral, esto, debido a acciones como el reciente fallo judicial en contra de un contrato minero que podría llevar al país a una inevitable caída en el grado de inversión, la pérdida de confianza para la captación de nuevas inversiones extranjeras y un incremento en el desempleo.
Estos desafíos se suman a la vez, a la crisis actual que enfrenta la nación centroamericana en sus finanzas públicas, marcada por un creciente déficit fiscal y aumento de la deuda que compromete cada vez más los recursos disponibles
El cierre del proyecto Cobre Panamá, a cargo de Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals añade una capa adicional de complejidad, debido a que ahora se debe dar un abordaje con urgencia de la gestión de recursos naturales de manera sostenible ante el clamor de la sociedad.
En medio de estas circunstancias, el país deberá trabajar con mayor premura su resiliencia económica para mantener su posición global, de acuerdo con varios expertos que participaron del Foro Perspectivas Económicas 2024, organizado por Capital Financiero, junto con el patrocinio de la Embajada de la República de China Popular en Panamá y AV Securities.
En medio de estas preocupaciones, Dulcidio De La Guardia, Socio y CFO de Morgan & Morgan se refirió a las proyecciones fiscales para el 2024 y su posible impacto en la calificación de riesgo de Panamá. Además de los escenarios que están por suceder ante la cercanía de periodo electoral.
En su intervención, explicó que los factores que influirán en la perdida de la calificación en 2024 será el Cierre de Cobre Panamá, el incumplimiento del Déficit Fiscal según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), la falta de solución al déficit del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), una gobernabilidad débil y el crecimiento estimado de los ingresos en un 6% nominal.
Recordó que las calificaciones de riesgo de Panamá tuvieron su cumbre en 2019, cuando Standars & Poors otorgó una calificación de BBB+ y Moody’s un Baa1; sin embargo, desde entonces y hasta la fecha han desmejorado. En octubre pasado Fitch otorgó al país una calificación de BBB- con perspectiva negativa; S&P anunció en noviembre una nota de BBB con perspectiva negativa y Moody’s otorgó en octubre un nivel de Baa3 con perspectiva estable.
“El cierre de Cobre Panamá va a acelerar este proceso”, expresó al citar reacciones de las principales consultoras financieras como JP Morgan, Barclays y S&P que coincidieron en que el grado de inversión y el crecimiento económico podría verse afectado en los próximos meses.
Al cuestionar sobre qué pasaría si Panamá perdiese su grado de inversión, explicó que lo primero que ocasionaría es que los inversionistas institucionales que compran deuda panameña con calificación de grado de inversión se reduzcan y consecuentemente, habría un aumento de las tasas de interés y del costo del capital.
“Estamos en un momento en que los mercados están negociando la deuda panameña como si Panamá no tuviera un grado de inversión”, advirtió.
Expresó que Panamá necesita financiar los soberanos y cuasi-soberanos unos $53,000 millones, incluyendo déficit (2%), en los próximos 10 años (2024-2033).
Resaltó que lo que estaba anclando la calificación de riesgo del país era el crecimiento económico que había conseguido a lo largo de los años, con un 15.3% en 2021, 10.8% en 2022 y un 8.8% al primer semestre de este año; pero que ahora se verá impactado por los cierres de calle y la perdida de la economía por el cierre de la empresa Minera Panamá.
De La Guardia, también hizo un análisis con respecto al Balance Fiscal a septiembre de 2023 del sector público no financiero (SPNF), en donde expuso que los ingresos totales se situaron en $9,168.5, es decir $925.1 millones o +11.2% comparado con las cifras de igual periodo del 2022, sin embargo, los gatos totales ascendieron a $13,100.9 millones, una diferencia de $1,332.0 millones más o +11.3% que el año anterior.
El economista mencionó que, aunque los ingresos crecieron, estos no fueron tan favorables debido a que el impacto se percibió por los aportes extraordinarios del Canal de $500 millones por la compra de unos terrenos al Gobierno, y los obtenidos de la Caja de Seguro Social (CSS) de $192 millones. Adicional, señaló que los gastos aumentaron al igual que los intereses en $640 millones más en los primeros 9 meses en comparación con el año anterior, productos del aumento del aumento de la tasa de interés y del aumento de la deuda pública.
El extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mencionó que el déficit fiscal hasta septiembre de este año se sitúa en $3,932 millones o -$404 millones versus 2022 que fue de $2,192 millones, muy por encima del tope de 3% del producto interno bruto (PIB) que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Estimó que el último trimestre será importante en el cierre del Presupuesto de Ingresos, pero que estos no sobrepasarán los $14,400 millones, a pesar de los ingresos percibidos del Canal ($500 millones) y de Cobre Panamá ($567 millones).
“Todos los ingresos del Estado con relación al tamaño de la economía han estado cayendo cada año, lo único que ha crecido son los aportes del Canal, que han compensado dicha caída. Desde el 2015 los ingresos eran casi un 20% del PIB mientras que en 2022 fueron de un 17.3% una caída importante, debido a que los sectores que más crecen están relacionados con ese sector externo como las exportaciones que tienen un tratamiento fiscal, y que hasta ahora impulsan el crecimiento del país”, dijo.
De La Guardia prevé que el MEF pospondrá hasta finales de enero el cierre fiscal hasta mediados de enero para obtener ingresos adicionales.
Con respecto al Presupuesto General del 2024, también se refirió a las últimas acciones emprendidas por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander en el que anunció el pasado 20 de noviembre que se está trabajando en la creación de un nuevo proyecto para el Presupuesto por un monto menor a lo planteado inicialmente de $32,754 millones.
Por su parte, José Galindez, socio de Galindez, Medrano & Asociados, tuvo una intervención en foro acerca de las reformas fiscales que el país podría abordar en 2024.
Al igual que De La Guardia, planteó que para el próximo gobierno el escenario del déficit de la CSS será importante, así como la ejecución del Presupuesto 2024 y el análisis del fallo del Supremo panameño que declaró inconstitucional la Ley 406 que replantea el tema económico de Panamá.
Galindez resaltó que entre las propuestas de reformas fiscales para 2024 estarían la evaluación del gasto tributario, la implementación de un impuesto de los servicios digitales, la aplicación del Impuesto Mínimo Global de 12.5% para aquellos grupos multinacionales que tienen un gran potencial monetario, la promoción de un impuesto al valor agregado (IVA Social) y una organización del Impuesto Sobre la Renta.
Sobre el tema del cierre de la mina Cobre Panamá, el economista Horacio Estribí, hizo un análisis de las protestas antiminerías que sacudieron el país por más de un mes debido al rechazo a un contrato entre el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals, que hasta hace poco la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional.
El especialista comentó que una de las consecuencias positivas fue de cómo la ciudadanía retomó su capacidad de movilización para influir en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, indicó que entre los aspectos negativos fue que no hubo un debate en torno a la minería, y que este se limitó a ser “simplista” con poca argumentación y análisis.
Y en otros escenarios el debate fue en base a consignas y no en un razonamiento frío y sereno.
“Se requiere más que un simple cierre de la minería para que el país prevalezca un sistema de equidad, sostenibilidad y crecimiento”, y agregó
Estribí manifestó que más que conservar recursos “per se” como sucede en naciones como Costa Rica, se debe ampliar el concepto de aprovechar los recursos naturales (servicios ambientales) de forma sostenible mediante una política integral de uso y conservación.
“Para que Panamá “valga más sin minería” se requiere consolidad el estado de derecho y restituir la paz y la estabilidad” dijo.
Durante el panel de expertos, René Quevedo, consultor empresarial en materia laboral hizo hincapié al impacto del cierre de Minera Panamá y las proyecciones de empleo.
Indicó que Panamá ha enfrentado un proceso de precarización en la generación de empleos, refiriéndose al período entre agosto de 2012 y abril de 2022 en el que se perdieron unos 59,000 empleos del sector privado, se generaron 64,000 plazas de funcionarios y 250,000 informales se agregaron a la economía.
“Los sectores que hoy aportan a las dos terceras partes, es decir construcción, comercio, industrias, turismo, logísticas, entre otras, aportaron 100% empleos informales. En 2022 estos sectores generaron 4 de cada nuevos 5 empleos, y de los 10,000 informales que se incorporaron, 9,000 vienen de estos sectores, debido a que se perdió la confianza en el clima de inversión”, lamentó.
Quevedo enfatizó que entre 2017 y 2022 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dejó de tramitar cerca de 205,000 vacantes que no pudieron concretarse.
Estimó que en 2022 había más de 300,000 personas buscando empleo, a eso se le suma ahora los 40,000 que dejará de producir el ecosistema minero del proyecto de Cobre.
Expuso que de acuerdo con el último informe de la Contraloría General, la economía refleja una reducción importante en el ritmo de generación de empleo. “Entre octubre 2021 y abril de 2022 la economía en promedio género 17,000 nuevos empleos y esa cifra a partir de mayo de 2022 baja a 5,700 aproximadamente, es decir que hubo una reducción de 66% en el ritmo de generación de empleo en Panamá”, comentó.
