El Gobierno de Panamá garantizó este lunes a las calificadoras de riesgo que cumplirá con el límite de déficit fiscal del 3% establecido para 2023 en una ley sobre la materia, en momentos en que analistas y sectores económicos han alertado de que el país estaría en riesgo de perder el grado de inversión.
“Es lo que estamos garantizándole a las calificadoras de riesgos, que sí vamos a tener situaciones favorables que nos van a permitir entonces cerrar con ese 3%” de déficit fiscal en el 2023, dijo el viceministro de Economía, Carlos González Miranda, citando la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Para 2024, “el déficit estimado en el presupuesto es de 2% como máximo”, agregó el viceministro, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Las calificadoras de riesgo Moody’s y Standard & Poor’s (S&P) rebajaron la calificación, la primera, y la perspectiva, la segunda, de la deuda de Panamá, en informes difundidos en octubre y noviembre pasado, respectivamente.
Moody’s degradó a Baa3 desde Baa2 la calificación de Panamá y cambió de negativa a estable la perspectiva, como resultado de la ausencia de una “respuesta efectiva” por parte de las autoridades para abordar los desafíos fiscales estructurales que han “aumentado a través del tiempo” en el país centroamericano, dijo la calificadora en un informe difundido el pasado 31 de octubre.
Por su parte, S&P rebajó en noviembre pasado de “estable” a “negativa” la perspectiva de Panamá ante el “riesgo de daño potencial a la confianza de los inversores y a las futuras inversiones privadas derivado” de la crisis por un cuestionado contrato minero, que terminó siendo declarado, por segunda vez y al igual que en el 2017, inconstitucional por el Supremo del país.
En diciembre pasado, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) tildó de una “fuerte amenaza sobre las finanzas públicas” la “posible pérdida del grado de inversión” de Panamá, ante la perspectivas de “menos ingresos nacionales y más gasto para el Estado en el 2024”.
La restricción de tránsitos por el canal de Panamá debido a la fuerte sequía que afecta su cuenca y el cierre de la gran mina de cobre operada por la canadiense First Quantum Minerals, la más grande a cielo abierto de Centroamérica, son factores centrales en las perspectivas de menos ingresos para Panamá en el 2024.
A ello se suma que el presupuesto 2024 es un 6.2% superior al presupuesto modificado de 2023 y alcanza los US$30,690.4 millones, lo que evidencia una ausencia de control del gasto público precisamente en un año electoral, según los críticos del Gobierno de Laurentino Cortizo.
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