República Dominicana se encuentra en un momento crucial con la implementación del Programa de Mecanización de la Mano de Obra, el cual es una estrategia gubernamental destinada a reducir la dependencia de la mano de obra extranjera en los sectores de construcción y agricultura, en una primera etapa.
Este programa, se financiará a través del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), con un presupuesto ascendiente a los RD$3,000 millones, con tasas de interés que rondarán desde el 9.5% y contando con periodo de gracia de hasta seis meses, buscando no solo impulsar la automatización en trabajos manuales, sino también cerrar brechas de pobreza.
Solución de un problema que aún no ha surgido
Pese a las buenas intenciones de mecanizar el trabajo en dos de los sectores más productivos del país, una vez implementado, existirá una brecha entre esa mano de obra física necesaria y las tecnologías que se implementarán.
Por medio a investigaciones e informaciones oficiales del Estado dominicano, como el Boletín Trimestral del Mercado Laboral en 2023, con corte a los meses de abril-junio, la población que ocupa el sector construcción es de 403,978 personas, y gracias al informe del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana sabemos que el 30%, es decir, 111,238 personas, son extranjeros. Del mismo modo, y de acuerdo con las mismas fuentes, el sector agricultura comprende una población total de 358,169 personas, de las cuales el 60%, es decir, 214,901 es extranjera. En total, ambos sectores aglomeran 326,139 extranjeros.
Ante este desafío, y evaluando los diferentes mecanismos que existen en el país, propongo la creación de un fideicomiso público que aproveche la experiencia exitosa y recién aprobada Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana, la cual en su artículo número 1, indica “… la protección de la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad; la reducción de las consecuencias negativas de su estado, proporcionar las condiciones adecuadas para su desarrollo personal, así como la corrección, reeducación y reinserción en la sociedad, impulsado por un mecanismo de control sustentado en la creación y funcionamiento de la estructura del medio libre, y evitando con ello la reincidencia”.
Este fideicomiso público tendría como objeto diseñar, estructurar y ejecutar un plan de reinserción de los reclusos pertenecientes al sistema penitenciario, que hayan incurrido en delitos menores, en orden de ofrecerles oportunidades de resarcir el daño causado a la sociedad. Bajo este esquema, los reclusos formarían parte de una nueva mano de obra que serviría para el apoyo de proyectos de infraestructuras de impacto socioeconómico para el país, logrando promover hábitos positivos y disciplina laboral, rompiendo por completo con el ocio carcelario, aprovechando que en el Sistema Penitenciario Dominicano hay 28,000 reclusos a 2023, de los cuales el 40% ha cometido delitos menores, es decir, 11,200, de acuerdo con informes del Sistema Penitenciario y Carcelario.
Experiencias en Latinoamérica
- El Salvador es claro ejemplo en la implementación de un programa que persigue el mismo objetivo con el “Plan Cero Ocio”, que busca incorporar a la población privada de libertad en desarrollar acciones en beneficio de las comunidades y de esta manera puedan subsanar el daño causado a la sociedad.
- Proyectos de infraestructura pública en 2022: nuevas sedes del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial; Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca; Restauración de +80 infraestructuras de la Policía Nacional Civil.
- En Chile funciona el “Programa +R”, que consta en desarrollar el paradigma de la empleabilidad como estrategia innovadora para la reinserción social de personas del sistema penitenciario, a través de una alianza público-privada (APP), siendo financiada a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), capacitando en distintos oficios e insertando laboralmente a personas privadas de libertad, a fin de disminuir la reincidencia. Las empresas participantes comprometen empleos dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Responsabilidades del fideicomiso
- El fideicomiso debería desarrollar programas de capacitación y formación para los reclusos, enfocados en habilidades laborales específicas relevantes para los proyectos de infraestructura, garantizando una transición efectiva a la fuerza laboral.
- Se encargaría de asignar reclusos a proyectos específicos y establecer acuerdos con empresas e instituciones del Estado, interesadas en adquirir la mano de obra, definiendo los términos y condiciones para la participación de estos.
- Desarrollaría planes de reducción de pena y remuneración en base a los servicios prestados por los reclusos, en colaboración con la Procuraduría General de la República, incentivando la participación en proyectos y la rehabilitación efectiva.
- Elaboraría un plan de supervisión especializada con cada grupo de reclusos que salga a trabajar, en colaboración con la Policía Nacional, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las normas.
Beneficios para la sociedad
- Los exrreclusos se reintegrarían a la sociedad con experiencia laboral en los sectores de construcción y agricultura, es decir, saldrían con una base, la cual serviría como soporte para asestar un trabajo en esa nueva etapa
- Saldrían con habilidades profesionales y/o técnicas, aumentando sus oportunidades de empleo a largo plazo
- Obtendrían un colchón económico, gracias a la labor realizada, reduciendo la reincidencia delictiva
- La participación en el fideicomiso contribuiría a disminuir el porcentaje de la población no bancarizada
